Miles de niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual en instituciones educativas de Ecuador desde 2014, según denuncia en un informe difundido este miércoles la ONG internacional Human Rights Watch (HRW).
Aunque la organización defensora de los derechos humanos reconoce que se han adoptado importantes medidas en el país para atajar el problema y agilizar el acceso a la justicia desde 2017, alerta que «instituciones educativas, la Fiscalía General del Estado y el poder judicial aún no cumplen adecuadamente con sus políticas y protocolos».
Bajo el título de «Es una lucha constante: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por la justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador», el informe de 82 páginas documenta las agresiones sexuales que sufren los escolares desde la educación preescolar hasta la secundaria superior (bachillerato, en Ecuador).
También los «serios obstáculos» que afrontan las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia.
El documento sale hoy a la luz en coincidencia con el reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano de su responsabilidad por la violación y acoso de la menor Paola Guzmán Albarracín, que falleció hace 18 años en su colegio de Guayaquil, al suicidarse producto de esos sucesos.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en nombre del Estado cumplía así con una sentencia emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que obligaba al reconocimiento y reparación a los familiares.
Moreno reveló en el acto que en los últimos 6 años se han recibido más de 11.000 denuncias de violencia contra menores en centros educativos, y que «lo peor de todo es que muchos agresores continúan dando clases en otras escuelas».
Según datos gubernamentales analizados por HRW, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020.
La ONG realizó entre febrero de 2019 y septiembre de este año 83 entrevistas a sobrevivientes y sus familias, abogados y fiscales, y analizó 38 casos, así como datos oficiales sobre violencia sexual en instituciones educativas.
En los casos documentados figuraban delitos de violación y abuso sexual, como por ejemplo, obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones del centro escolar o sus alrededores.
Asimismo, se recogen los casos de estudiantes que abusaron sexualmente, acosaron y cometieron violencia sexual, incluso a través de medios electrónicos o digitales, contra compañeros.
Algunas sobrevivientes sufrieron hostigamiento, acoso escolar e intimidación después de denunciar abusos por parte de docentes, directores, familiares de los abusadores y asociaciones de padres.
HRW denuncia que la violencia sexual ha sido un problema endémico de larga data en el sistema educativo ecuatoriano, pero la magnitud de los abusos no fue salió a la luz pública hasta 2017, cuando el Parlamento estableció una comisión para investigar los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, por presión de familiares y tras conocerse hechos escandalosos.
Por otra parte, la organización con sede en Nueva York concluye que profesores, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar son los autores de la violencia sexual contra menores de todas las edades, incluidos niños con discapacidades, en escuelas públicas y privadas.
Y apunta a casos actuales que reflejan que estas agresiones contra los escolares menores continúa.
«Ecuador ha fallado en su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual en las instituciones educativas, lo cual ha tenido un impacto significativo en sus vidas, y en sus derechos a la educación, a la reparación, sexuales y reproductivos», consideró la investigadora Elin Martínez, autora del informe. EFE
