La máxima instancia judicial del país albergó la vista en la que se emitieron los argumentos a favor y en contra de la demanda planteados por grupos de animalistas, y resolvió suspender la audiencia, que se prolongó durante cinco horas, hasta nueva fecha.
La acción judicial se basa en una demanda de inconstitucionalidad sobre la consulta popular que abolió los espectáculos municipales en los que se maten animales.
La Asociación de Toreros Profesionales busca recuperar para la capital ecuatoriana la Feria de Quito «Jesús del Gran Poder», una de las más reconocidas en América del mundo taurino.
Grupos de aficionados taurinos y también de defensores de los animales se agolparon esta mañana en las inmediaciones de la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna, para mostrar su respaldo o rechazo a la iniciativa.
En la audiencia estuvieron presentes autoridades del Gobierno, el procurador general del Estado y autoridades municipales, así como portavoces de colectivos de defensa de los derechos de los animales.
El tribunal, integrado por varios jueces constitucionales incluida Carmen Corral, como ponente, escuchó las intervenciones de las partes y de 35 especialistas con interés en la causa (amicus curiae).
Uno de los portavoces de los grupos ambientalistas, Felipe Orgaz, denunció en la comparecencia judicial el supuesto conflicto de intereses de la juez Corral, a la que acusó de tener relación con la causa taurina.
Integrantes del grupo taurino también increparon a Orgaz por una supuesta incitación al odio a través de las redes sociales, en las que supuestamente habría convocado a manifestaciones de presión contra los jueces constitucionales que siguen la causa.
La Corte Constitucional suspendió la audiencia, para dar paso a una fase de deliberación antes de emitir la sentencia sobre el caso.
La demanda taurina ha desatado una oleada de comentarios en redes sociales, donde abundan los comentarios en los que se acusa a los taurinos de intentan forzar la vuelta al ruedo de los toros y desconocer el resultado de la consulta popular de 2011, cuando la mayoría de municipios prohibieron la celebración de espectáculos que tengan como fin la muerte de un animal.
Los taurinos apelan a la tradición y a la supuesta vocación taurina de la ciudadanía, mientras que los defensores de los animales consideran que la consulta popular debe primar sobre los intereses de los empresarios taurinos. EFE
