Las enormes sumas de dinero que el Estado entrega a los partidos para financiar las campañas electorales de sus candidatos constituye un despilfarro de recursos de los que el país dispone en cantidades muy limitadas después del despilfarro y robo del correísmo y de la caída de los precios del petróleo, principal producto de exportación.
Gracias a ese financiamiento de campañas por parte del Estado es que el número de candidatos para Presidente de la República, pero también, para autoridades seccionales, alcaldes y prefectos, así como asambleístas, se incrementa cada vez más, de manera increíble. Y como no hay tantas personas conocidas y destacadas por sus méritos para ser aspirantes a tantos lucrativos “carguitos” entonces se termina por escoger a personas de muy modesta, o menos que eso, capacidad intelectual y nula formación política y administrativa.
La idea, aparentemente buena, de evitar que, si estos numerosos candidatos tienen dinero entregado por el Estado, entonces no habrá intromisión de dinero sucio en la campaña, fracasó siempre. Recordemos como las FARC y el narcotráfico habrían financiado las campañas de Correa y Alianza País gracias a lo cual consiguieron facilidades para el ingreso de drogas al país y para incrementar su consumo. Ahora mismo la campaña de Arauz ya estará, probablemente, alimentada por los millones robados y que luego querrán recuperar.
Ese dinero es una de las causas para la proliferación de candidatos. Además de la vanidad de ver sus fotos regadas por todas partes y de tener la oportunidad para las proclamas y los discursos, generalmente pésimos, habrá chance de hacer rodar muchos dólares a sus bolsillos. Y nunca estará lejana la posibilidad de recibir “contribuciones” de grupos delictivos y criminales que aspiran siempre a tener beneficios cuando aquellos tengan algún poder. (O)
