En fecha pasada, la Asamblea Nacional aprobó uno de los instrumentos legales que venían siendo exigidos a nivel internacional, como un mecanismo tendiente a recuperar los recursos del Estado ilícitamente apropiados, mediante los consabidos casos de corrupción. Esta Ley es la de Extinción de Dominio, mediante la cual se puede legalmente poner fin a la propiedad de bienes de aquellos que hayan sido sentenciados por casos de apropiación ilícita de fondos y recursos del Estado.
Este cuerpo legal, que a última hora trató de ser cambiado, pero que, ante la reacción de algunos legisladores, quedó en su contenido como había sido formulado originalmente, es uno más de los mecanismos que tiene la ley para sancionar la corrupción, puesto que hasta ahora, y con contadas excepciones, los bienes y recursos producto de estos perjuicios, han seguido en el disfrute y posesión, incluso de quienes se hallan sentenciados por estos procesos judiciales, lo cual es inadmisible en cualquier estado derecho, puesto que, justamente, el objetivo de los corruptos es beneficiarse a costa de los dineros y más recursos, que son de propiedad de todos los ciudadanos al ser públicos.
Resta ahora que el Ejecutivo, dentro del plazo de un mes, dé su aprobación a la ley aprobada por la Asamblea, con el objeto de que entre en vigencia, aunque faltará todavía el respectivo reglamento para su plena vigencia. En todo caso, con esta ley se da un avance significativo en la lucha contra la corrupción, que en los últimos años se ha vuelto una especie de mal endémico en la Administración Pública ecuatoriana, ya que, al parecer, desde el anterior régimen se enquistaron malos elementos en áreas claves, susceptibles del cometimiento de actos delictivos, como Salud, Compras Públicas, entre otras.
Es de esperar que la Justicia sepa utilizar, con todo el rigor de la ley, esta herramienta que permitirá no solo sancionar con prisión a los responsables de esta clase de delitos, sino también enajenar los bienes productos de estos ilícitos.
