Los resultados electorales de los pasados comicios del 7 del presente mes, ofrecen un panorama variado en la nueva Asamblea Legislativa a posesionase el próximo mes de mayo, en la cual, si bien existen bloques fuertes, como el de Pachakutik, Correísmo, CREO y otros menores, no existe una clara hegemonía que permita que un solo bloque pueda hegemonizar la dirección de la Función Legislativa y las comisiones. Por lo tanto, será necesario que las diversas bancadas lleguen a un acuerdo que permita, justamente, la marcha y funcionamiento de la Legislatura.
De otra parte, entre los organismos del Estado, quizá el que más desgaste y desprestigio ha sufrido, es la Asamblea Nacional, ya que, al tenor de los sondeos de la ciudadanía sobre esta, el descrédito y la falta de confianza en su labor son la tónica en la apreciación ciudadana. De lo que haga o deje de hacer la próxima Asamblea Nacional dependerá que recupere la credibilidad, o por el contrario que continúe siendo considerada como una Función, no solo de escasos resultados en su labor constitucional, sino además ganada por la corrupción, como ha sucedido por desgracia en los casos de varios de los actuales parlamentarios, y otros que fueron cesados en sus funciones, precisamente por estos casos reñidos con la ley y la ética.
El que ninguna de las agrupaciones tenga la posibilidad de manejar a su antojo la Función Legislativa, incluyendo la que vaya a regir el Ejecutivo, es una garantía, sin embargo, a fin de evitar ciertas tentaciones de tomarse los poderes del Estado como propios del gobierno de turno, como ya sucedió, por desgracia, durante el Correato, cuando el entonces presidente lanzó la peregrina y anticonstitucional idea de que el era el jefe de todas las funciones del Estado, y vino la célebre “metida de mano” en la justicia porque la Función Legislativa, bajo su absoluto control, así lo permitió. Si en el Ecuador se quiere evitar la triste experiencia de Venezuela, un Parlamento independiente y no sometido a la voluntad del jefe de estado, será la garantía para la pervivencia democrática.
