La gobernabilidad del país con una Constitución como la que nos rige –la del 2008- cuyo excesivo presidencialismo –estrépito de tinte dictatorial- impide que el equilibrio de los pesos y contrapesos jurídicos garanticen la vigencia de la democracia, como el ofensivo pago de altas dietas a 137 “honorables”, pese a la crisis económica reinante, amén de otras “linduras” que van por esa línea, constituirán para el Presidente la camisa de fuerza que le dificultará cumplir con los urgentes cambios que exige su apretada agenda.
Es imperativo, ¡qué duda cabe!, contar con una Constitución que viabilice lo propuesto. ¿Cómo hacerlo? pues, tenemos un precedente histórico: La Junta Militar de 1978 convocó a una consulta popular para que se escogiera entre la Constitución de 1945 y una nueva que, fue la que se impuso. Si se emplea ese mecanismo, el país podría decidir entre la actual Constitución y la preparada por juristas de valía, siempre que –entre otros sustantivos cambios- garantice la gobernabilidad y reduzca la asamblea al 50 % o menos. De esa forma se evitaría la Asamblea Constituyente, como su alto costo y la pérdida de un valioso tiempo, en momentos en que el reordenamiento institucional es poco menos que inaplazable.
Por cierto, una consulta popular “Es el debate del pueblo -el real soberano- sobre un tema de interés nacional”. Ahora bien, -entre varias vías más- nuestra Constitución establece que “la ciudadanía podrá solicitar la consulta popular sobre cualquier asunto…”, a condición –ese el requisito- “de que cuente con un respaldo no inferior al 5 % de las personas inscritas en el padrón electoral”. Más allá de las tediosas discusiones jurídicas que surgirán, está el hecho de que mientras no seamos capaces de liquidar la reseñada conjura constitucional, no habrá gobernabilidad. Ni más. Ni menos. (O)
