María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, afirmó que en el sorteo de las dos causas a favor de Jorge Yunda, con las que suspendieron su proceso de remoción, tuvieron supuestas irregularidades en la etapa del sorteo.
Según Maldonado, en el primer sorteo se lo ingresó como «materia de violencia», cuando era una acción de protección, para que el universo se jueces se reduzca, mientras que en la segunda causa «no se registra sorteo».
La Judicatura presentarán una denuncia ante la Fiscalía contra cuatro funcionarios y los dos jueces por el delito de interceptación ilegal de datos.
Además, la Judicatura decidió suspender de forma provisional a los jueces y funcionarios por hasta 90 días y se abre una investigación disciplinaria en su contra.
El miércoles 7 de julio, el juez civil de Pichincha, Carlos Soto, concedió medidas cautelares a favor del alcalde de Quito, Jorge Yunda, con lo que el proceso de remoción en su contra, aprobado por el Concejo Metropolitano, se suspende, hasta que la Corte Provincial de Pichincha se pronuncie sobre la acción de protección que anteriormente solicitó el burgomaestre.
“Nuevamente la justicia me ha dado la razón, se me han otorgado medidas cautelares, ordenando al Concejo Metropolitano no posesionar al señor (Santiago) Guarderas, que quiere entrar por la ventana”, afirmó Yunda a través de su cuenta de Twitter.
Según la resolución del juez, la suspensión busca garantizar los derechos constitucionales de Yunda, los cuales, a criterio del magistrado, estarían “amenazados”.
El pasado 28 de junio la jueza María Belén Domínguez le aceptó de forma parcial una acción de protección presentada por el alcalde de la capital, pues determinó que en el proceso de remoción se había vulnerado su derecho a la defensa en la garantía de la imparcialidad.
Según la magistrada, el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas y los tres concejales que integraron la Comisión de Mesa, órgano que emitió el informe que luego fue aceptado en el Concejo Metropolitano, no debieron posteriormente votar por la remoción de Yunda, pues antes ya habían emitido un criterio a favor.
Sin embargo, tanto Guarderas como varios juristas señalaron que la acción de protección no afectaba a la decisión final del Concejo, que el 3 de junio aprobó la remoción del alcalde; pero ahora el juez Carlos Soto considera que Guarderas no se puede posesionar, mientras la Corte Provincial no decida sobre las apelaciones presentadas contra la decisión de la jueza Domínguez. (I)
