El órgano que redactará la nueva Constitución de Chile solicitó este jueves que se acelere la discusión de un proyecto para indultar a los manifestantes que fueron detenidos durante las protestas sociales que empezaron en 2019, uno de los temas que más controversia genera en el país.
Con 105 votos a favor de una declaración pública -con 34 en contra y 10 abstenciones-, la convención solicitó al Parlamento que avance la tramitación de este proyecto de ley, ingresado hace meses por la izquierda, repudiado por la derecha y que busca otorgar la amnistía a todos los procesados en el marco de esa crisis social, la más grave en los 31 años de democracia de Chile.
«Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia», reza un fragmento del texto aprobado.
«La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política», continúa la declaración.
La redacción de la nueva Carta Magna surgió como la vía política para calmar las masivas revueltas, que dejaron una treintena de fallecidos, miles de heridos, señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad e innumerables episodios de violencia con incendios y saqueos.
«Es innegable que la revuelta fue el inicio del proceso constituyente (…) Es incoherente tratar como delitos a los hechos que lo hicieron posible», aseguró el abogado constituyente Fernando Atria.
La declaración solicita también al Gobierno que ponga carácter de «urgencia» a este proyecto, una petición que podría reducir su tiempo de tramitación de meses a solo semanas, pero que se augura improbable puesto que el Ejecutivo se ha opuesto frontalmente a esta idea desde el principio.
De igual forma, el escrito propone un indulto a presos mapuche aplicable desde el año 2001 y la «desmilitarización» del territorio indígena en la zona sur del país, escenario de numerosos episodios de violencia que van desde el asesinato de comuneros por parte de agentes del Estado a ataques en contra de la fuerza pública, además de múltiples casos de robo de madera y bloqueo de caminos.
A lo largo de la mañana, decenas de personas se congregaron a las afueras del antiguo Congreso Nacional, sede de la constituyente, y un grupo de estudiantes de secundaria tomó las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para exigir la liberación de los manifestantes.
Según los últimos datos de la Fiscalía Nacional, un total de 25 personas seguía en prisión preventiva en mayo -lo que implica que algunas personas estuvieron más de 580 días privadas de libertad- por delitos como lanzamiento de bombas molotov, incendio, porte ilícito de armas y homicidio frustrado.
CONTROVERSIA
Se trata del primer tema que debate la convención y uno de los más controvertidos: mientras algunos constituyentes defendieron que estos manifestantes son «presos políticos», otros sostuvieron que están encarcelados por haber cometido delitos y opinan que no es un tema sobre el que deba pronunciarse la convención.
«Nuestro cometido es redactar una nueva Carta Magna, no decidir si la gente debe estar o no detenida. Tenemos un problema sistémico con las prisiones preventivas, pero eso debe verlo y debatirlo el Congreso, no nosotros», expresó a Efe Hernán Larraín, uno de los 38 constituyentes de la derecha oficialista.
En tanto, Rodrigo Rojas, constituyente de la Lista del Pueblo (un pacto de ciudadanos sin afiliación a partidos), aseguró que «el Gobierno encarceló a manifestantes para contener el movimiento social» que comenzó el 18 de octubre de 2019, por lo que sí son «presos políticos», una tesis que sostiene gran parte de la izquierda.
La convención, formada en gran parte por independientes -en su mayoría de tendencia progresista-, tiene desde ahora un año para redactar una nueva Constitución que, si se refrenda en 2022 con otro plebiscito de salida, sustituiría a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los 155 constituyentes se reunirán el próximo martes para continuar son sus sesiones. EFE
