Una de las causas de los procesos de corrupción a nivel del Estado tiene que ver con el déficit de participación ciudadana en los asuntos públicos y estatales
En la Constitución de Ecuador hay un amplio despliegue de potencialidades y mecanismos para la participación ciudadana. Así, por ejemplo, el artículo 95 de la misma plantea: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y de la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano”.
Lamentablemente dicha norma constitucional, por falta de voluntad política y democrática de autoridades nacionales y locales, pero también por desconocimiento y debilidad de las propias organizaciones ciudadanas, no ha sido ejercida de manera efectiva. La mayoría de las veces la participación ciudadana se ha confundido con la simple información que funcionarios del Estado han dado sobre algún tema o proyecto de ley, a las personas directamente involucradas en este tema; una información o “participación” a la que se le ha dado el nombre de “socialización”.
Justamente el hecho de que dicha participación sólo se quede en el nivel informativo, y no pase a los niveles de decisión, gestión y control, se expresa cuando a pesar de que en las socializaciones se hacen conocer opiniones y sugerencias, estas casi nunca son recogidas e incorporadas en las decisiones que toman los gobernantes. Y, cuando en un acto de aparente apertura democrática la Asamblea Nacional, por ejemplo, ha acogido algún planteamiento de algún sector social y se ha incorporado a un proyecto de ley, esta situación ha quedado en nada cuando los Gobiernos han terminado imponiendo su criterio con los vetos, y los asambleístas han denotado incapacidad para ratificarse en su criterio.
Es hora, pues, de comprender que la participación ciudadana es un componente fundamental de un auténtico proceso democrático. Más aún, en el marco de una crisis económica y social, es un elemento imprescindible para logar en la sociedad una auténtica gobernabilidad democrática, con más transparencia y menos corrupción. (O)
