El proceso destinado a la elección del nuevo Contralor General del Estado, avanza entre tropiezos y polémicas, dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el organismo constitucionalmente encargado de realizar el respectivo concurso a través de un reglamente aprobado por el organismo.
Precisamente respecto a este reglamento y su aprobación, han surgido discrepancias en el seno del CPCCS, cuyos integrantes han lanzado acusaciones de un supuesto direccionamiento del proceso, y hasta de un “asalto” para conducir el concurso en favor de ciertos intereses políticos.
Más allá de estas acusaciones mutuas, en la ciudadanía existe profunda desconfianza en cuanto a la Contraloría General del Estado, y además al proceso de selección del nuevo titular del organismo, considerando que los dos contralores anteriores se encuentran sujetos a procesos judiciales, uno de ellos prófugo en los Estados Unidos, y el otro que guarda prisión por el bullado caso, de “Las Torres”. Diversas denuncias en torno a la situación del alto organismo constitucionalmente encargado de supervisar el correcto manejo de los bienes y recursos del Estado, apunta a una supuesta estructura delictiva dentro del organismo, con ramificaciones en otras instituciones del Estado, empresas ganadoras de concursos multimillonarios con este.
Ello significaría que, más allá del proceso destinado a la elección del nuevo titular de la Contraloría General del Estado, sería necesaria una depuración a fondo del organismo, lógicamente con un debido proceso administrativo y judicial, a fin de separar y sancionar a los funcionarios que hayan incurrido en las irregularidades objeto de las denuncias e indagaciones judiciales sobre la actuación del organismo en determinados casos, donde se desvanecieron glosas a conveniencia de grandes empresas contratistas con el Estado, causantes de multimillonarios perjuicios a costa de los fondos públicos. Por lo tanto, se debe proceder de manera global a corregir y sancionar tales delitos.
