Terminó en Quito lo que algunos denominaron telenovela: la destitución por parte de la mayoría de concejales del alcalde Jorge Yunda. Cumpliendo con los requisitos legales, se tomó esta decisión, pero, el alcalde destituido, en lugar de aceptarla como habría sido lo sensato, acudió a una serie de instancias establecidas por la ley. La decisión del Consejo Nacional Electoral, con carácter de sentencia fue terminante, pero, el destituido, recurrió a estrategias legales, algunas con dudosa intervención del sistema judicial, para mantenerse más días. Lo digno habría sido que la decisión la acepte y se retire, pero primó el afán de protagonismo individual.
No pretendemos analizar las razones de este proceso que fueron consistentes. El ejercicio de funciones públicas requiere seriedad y honestidad, más aún si son el resultado de elección popular. Lo cuestionable es negarse a aceptar decisiones que pueden considerarse negativas para las personas. Quienes asumen funciones públicas deben estar dispuesto a retirarse de ellas, sobre todo, si hay resoluciones contundentes. Además de cuestionamientos a su gestión, hay dudosos negociados en la adquisición de vacunas para el COVID investigadas por la justicia; mientras no haya una sentencia no emitimos juicios definitivos, Más que “sin pena ni gloria” salió Yunda con insensatez y vergüenza.
Siempre hemos defendido la descentralización y hemos apoyado el robustecimiento de la administración local como alternativa de mayor eficiencia para resolver, sobre todo, problemas de cercanía. Es lamentable lo ocurrido en Quito, pero podemos encontrar aspectos positivos en este proceso como que la propia institución haya tomado esta decisión sin injerencias estatales, pese a que en buena parte de su administración Yunda contó con mayoría. Se ha demostrado que el concejo municipal está en capacidad para corregir errores institucionales. Difícil la tarea que espera al cabildo quiteño, esperamos que el proceso tenga un final feliz.
