En países como el nuestro, en el que las desigualdades económicas y sociales son notables y el número de pobres alarmante, es normal que haya, por parte del Estado, subsidios para productos y servicios. Si son globales; más se benefician las personas con rentas medias o altas porque consumen más, lo que es una contradicción porque sus ingresos no requieren este aliciente estatal. Lo ideal sería que se focalicen a los sectores más pobres que son los que realmente los necesitan. No es una tarea fácil y, dada nuestra condición, no es raro que los ricos y pudientes busquen estratagemas de diversa índole para aprovecharse de ellos. En todo caso, es necesario que el Estado intente estrategias para que se cumplan estos propósitos.
El costo de los combustibles es crítico y su nivel es tal que su precio es notablemente más bajo que en Colombia y Perú, nuestros vecinos y que los contrabandistas hagan importantes fortunas, lo que lleva a que los beneficios lleguen a un importante sector de países extranjeros. El gobierno estudia un proyecto para subsidiar el transporte público y evitar la elevación del costo de pasajes, que en realidad afectaría a importantes grupos de ciudadanos de bajos ingresos que deben usarlos para su movilización cotidiana relacionada con el trabajo.
Más para mal que para bien, la economía de nuestro país está seriamente condicionada al petróleo que exportamos. Si su cotización internacional sube, es bueno porque ascienden los ingresos presupuestarios, pero no es bueno porque incide en el costo de productos que dependen de este factor, entre otros la gasolina. La elevación de los combustibles se ha tornado un tabú, y cuando ocurre y hay presiones, a veces cargadas de demagogia contra los gobiernos. Consideramos que la decisión gubernamental de mantener subsidios para el transporte público, es acertada, aunque haya algún ultimátum risible.
