Los relatos sobre el conflicto armado en Colombia narrados por sus últimos cinco expresidentes ante la Comisión de la Verdad abrieron un capítulo de reconocimientos sin precedentes sobre las responsabilidades de sus gobiernos en las épocas más violentas del país que, sin embargo, no termina de saciar a las víctimas.
César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), los únicos exmandatarios vivos del país, declararon voluntariamente, de forma pública o privada, ante esta instancia creada por el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
En extensas citas ante el presidente de la Comisión, el jesuita Francisco de Roux, cada uno contó su versión sobre el periodo que protagonizó, declaraciones en las que abordaron desde los vínculos del narcotráfico con la política hasta los crímenes del Estado que esa entidad intenta esclarecer.
Aunque Santos, artífice del acuerdo de paz, pidió perdón por los «falsos positivos», como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate, y Samper hizo otros tres «mea culpa» por hechos ocurridos en su Gobierno, las víctimas de crímenes del Estado consideran que ninguno ha aceptado que los horrores que sufrieron no fueron aislados.
Critican principalmente la sesión de Uribe el pasado 16 de agosto en su finca de Llanogrande, un encuentro tenso en el que el expresidente puso las condiciones del diálogo que fue de carácter extraoficial porque no reconoce el acuerdo de paz ni su sistema de justicia transicional, del que hace parte la Comisión.
«La apuesta por construir la verdad de nuestro país no es fácil, pero es necesario y urgente que se haga desde el respeto, crear escenarios para generar protagonismos desde las víctimas», dijo a Efe Yessica Hoyos, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
RELATO COMPLETO SIN VERDADES ABSOLUTAS
La Comisión ha prometido «máximo respeto» con los testimonios de los expresidentes que serán contrastados e incluidos en su informe final una vez concluya su mandato.
Para darles claridad a 9 millones de víctimas, los aportes «no se asumen como verdades absolutas, sino como perspectivas que el país necesitaba oír», y por eso, según la comisionada Marta Ruiz, son los expresidentes quienes deben explicar «qué hicieron para evitar que la gente sufriera de esa manera».
Lo que los comisionados han perseguido en cada encuentro es que los gobernantes del país «vuelvan la vista atrás tratando de evaluar con la distancia del tiempo los aciertos y errores, pero también que les den respuesta a las víctimas y saber así por qué el Estado no logró» protegerlas.
NARCOTRÁFICO, POLÍTICA, GUERRA
Samper, el primero en acudir a la Comisión de la Verdad —una vez en octubre de 2019 y otra en febrero de 2020—, consideró que nadie en Colombia tiene derecho a negarles a las víctimas la verdad que necesitan para aliviar el dolor y reconciliarse.
Durante sus intervenciones abordó principalmente la influencia de las drogas en el conflicto y la política, un tema casi obligatorio porque su Gobierno estuvo marcado por las denuncias de que su elección tuvo el apoyo financiero del narcotráfico.
El tema resurgió con el testimonio que esta semana dio Pastrana, el último en acudir a la Comisión, en el que aseguró que le tocó vivir un «complejo periodo de la historia» del país, mientras desde el exterior se machacaba la idea de que Colombia era prácticamente un Estado fallido por la presencia de diferentes guerrillas, el narcotráfico que infiltró la política y la corrupción.
Pastrana entregó una carta supuestamente escrita por los jefes del Cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, en la que aseguran que la campaña a la Presidencia de Samper recibió dineros del narcotráfico y que éste «sí sabía de los ingresos».
DOS VERDADES SOBRE FALSOS POSITIVOS
«Vengo a contar mi verdad», dijo Santos al comenzar la declaración en la que en junio pasado reconoció que la política de premiar las bajas de guerrilleros promovida durante el Gobierno de Uribe, del que él fue ministro de Defensa, incentivó los «falsos positivos», y aseguró que hizo «todo lo humana y legalmente posible» para detenerlos.
El Premio Nobel de Paz aseguró que su antecesor solo quería acabar militarmente a las FARC y «nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado», pero Uribe dijo ante la Comisión que su Gobierno privilegió la desmovilización de guerrilleros y de otros grupos alzados en armas, así como manifestó su voluntad de ayudar a esclarecer la verdad sobre los «falsos positivos».
Informes entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que también forma parte del sistema de justicia transicional, dan cuenta de que uno de los periodos en los que más hubo «falsos positivos» fue de 2002 a 2008, que coincide con los dos gobiernos de Uribe, con al menos 6.402 casos documentados.
Ante esas cifras, Santos también reconoció que «Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado» e hizo un «mea culpa» porque entre 2002 y 2008 miembros del «Ejército violaron su juramento de proteger la vida de los colombianos e hicieron todo lo contrario, se convirtieron en sus asesinos».
«Aceptamos los reconocimientos y el perdón del presidente Santos, pero al final terminan siendo muy generales y no contribuyen a esclarecer los crímenes que no solo se cometieron por omisión sino también por acción», reclamó Hoyos. EFE
