A nivel local o nacional, poco o nada han sido las iniciativas en cuanto educación financiera; sin embargo, se debe considerar que esta teoría se vuelve una herramienta fundamental en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en el manejo de la economía del país. Por lo tanto, los programas de educación financiera deben verse como un desafío, más aún, porque pueden permitir que los ciudadanos sean partícipes en la elaboración de políticas públicas.
Términos como la “inclusión financiera” (tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan las necesidades de manera responsable y sostenible) o la “Protección financiera del consumidor”, entre otros, constituyen instrumentos importantes que apuntan a reducir la pobreza y, por ende, no deberían ser manejados solo entre especialistas.
De ahí que urge proponer iniciativas que muestren resultados positivos, especialmente, cuando el acceso a los productos y servicios se combinan con programas de sensibilización y educación financiera, donde la población sea la beneficiaria. (O)
