El presidente de Perú, Pedro Castillo, aclaró que su gobierno será respetuoso con la libertad de empresa, después de las críticas recibidas por impulsar la estatización del yacimiento de gas natural de Camisea.
A través de su cuenta en Twitter, Castillo escribió que «como gobierno del pueblo somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa».
«El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos», expresó el mandatario.
Las palabras del jefe de Estado se conocen un día después de haber declarado, en una visita a la selvática Bagua, que había que hacer una ley con el Congreso «sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea».
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES EN VEREMOS
Las declaraciones de Castillo generaron las críticas de los sectores económicos directamente implicados y el desánimo del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien comentó que podría afectar las expectativas de inversiones a futuro.
«Las encuestas de agosto fueron muy negativas, mejoraron en setiembre y esperábamos que mejoren (las expectativas de las empresas) fuertemente en octubre, pero luego del anuncio de ayer es posible que no sea con la intensidad que anticipamos», dijo Velarde durante una conferencia de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham).
Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) consideró en un comunicado que las palabras de Castillo «atentan contra la inversión privada y quebrantan la reactivación económica en curso».
Para el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo De la Flor, la propuesta del mandatario «solo alimenta la inestabilidad y desconfianza entre los inversionistas en circunstancias que el país necesita nuevos capitales para revertir la crisis económica y sanitaria».
De la Flor recordó que el contrato de Camisea, cuyo gas extrae desde 2004 un consorcio de empresas liderado por la argentina Pluspetrol, está garantizado por la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El empresario afirmó que «la masificación del gas no tiene nada que ver con el contrato de Camisea», cuyo gas ha aportado al Estado peruano unos 40.000 millones de soles (9.700 millones de dólares) entre impuestos y regalías en sus diecisiete años de explotación.
NEGOCIACIÓN ABIERTA
El mes pasado, el Gobierno de Castillo emplazó al consorcio de Camisea a revisar los contratos de explotación del yacimiento para aumentar la carga impositiva de la comercialización del gas, lo que fue acatado por las empresas, dispuestas a dialogar con el Ejecutivo.
Para esa negociación, Castillo creó una comisión liderada por la primera ministra, junto a otros ministros como los de Energía y Minas y Relaciones Exteriores.
Con una concesión hasta 2040, el gas de Camisea comenzó a ser explotado desde 2004 por un consorcio formado por Pluspetrol (27 %), la estadounidense Hunt Oil (25,1 %), la coreana SK Innovatión (17,6 %), la española Repsol (10 %), la argentina Tecpetrol (10 %), y la argelina Sonatrach (10 %).
En condiciones normales, Camisea produce entre 43 y 48 millones de metros cúbicos de gas por día, procedentes de los bloques 56 y 88 a cargo de Pluspetrol y del 57 a cargo de Repsol, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
De esta forma, Camisea genera el 92 % de la producción fiscalizada de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40 % de la energía eléctrica consumida a nivel nacional. EFE
