El estado de emergencia ha sido largamente desbordado por las mafias carcelarias, en tal medida que, el propio gobierno, en un acto controversial, por decirlo suavemente, ha celebrado un acuerdo con ellas, ¿cómo así se permitió semejante licencia?, legitimando así lo ilegitimable: colocar a la delincuencia a su mismo nivel. Ni más. Ni menos. Pero, más allá de ese indecoroso desacierto, el tema de fondo es que en la solución del grave problema carcelario que sacude al país de pies a cabeza –valga el símil- nada significativo se ha logrado. La delincuencia sigue desafiante y no se avizoran soluciones, por lo que se tendría que asumir que el remedio resultó peor que la enfermedad.
Por el contrario, las mafias continúan disponiendo desde las cárceles la ejecución de delitos de sicariato, el tráfico de drogas, de celulares e incluso disponen de piscinas y suites. Su control, resulta por ahora total. Sin desconocer la complejidad del problema, se podían haber adoptado medidas básicas, como las que siguen: 1.- La más importante, pero que tomará tiempo, la construcción de una cárcel de máxima seguridad en uno de los islotes adecuados de nuestra zona marítima, para aislar así a los principales jefes de las mafias. 2.- Suspender temporalmente –por 3 o más meses- el uso de motos, por ser las que emplean para cometer sus fechorías. Revocación de las licencias de los que tengan antecedentes penales y observar una severa restricción para su concesión. 3.- Instalación de inhibidores que anulen el funcionamiento de los celulares y control más exigente sobre las visitas, como la revaluación de los guías penitenciarios. Entre varias más, éstas serían medidas de rango altamente positivo.
De mantenerse los descomunales yerros cometidos, tendríamos que concluir que en el país reina la falta de autoridad de las autoridades. (O)
