Una de las clásicas formas de periodizar la historia de nuestro mundo es la edad de piedra y los metales que revolucionó el sistema productivo en múltiples dimensiones. A diferencia de la piedra que abunda en la superficie, los metales se encuentran en el interior, en minas, y la tierra que los contiene debe ser procesada mediante complejos procesos que, en nuestros días, con la tecnología de que disponemos se ha facilitado enormemente, pero la minería conlleva una serie de peligros, por lo que su explotación debe ser regulada por el Estado, que es el propietario, para eliminar o mitigar los peligros que este tipo de actividad genera.
Los yacimientos mineros no pueden estar debajo de centros urbanos cuyas edificaciones pueden correr peligro. E socavón de Zaruma que ocurrió hace algunos días nos recuerda el título de la novela “Crónica de una muerte anunciada” ya que desde hace un buen tiempo se conocía el peligro debido a la minería ilegal practicada, pese a ser un secreto a voces, no se tomaron medidas serias para evitar esta actividad ilícita, lo que nos lleva a pensar que las instituciones y autoridades que podían hacerlo fueron negligentes. En lugar de prevenir, esperaron que ocurra el daño pare tratar de remediarlo, pues estos procesos ilícitos se practican en amplias áreas del subsuelo de la ciudad.
Eliminar toda la explotación minera no es posible en nuestros días, pero sí poner en práctica medidas de diversa índole para evitar, o por lo menos mitigar, daños ecológicos. Las concesiones mineras deben reunir condiciones sólidas para evitar estos daños y el Estado debe vigilar con seriedad su observancia. En el caso de la ilegal prima la codicia que no da la menor importancia a estos daños. Es indispensable que se intensifiquen los mecanismos de control, ya que sus daños afectan a las colectividades que tienen mayor importancia de las ambiciones individuales, aplicando el principio de la prioridad del bienestar social sobre el personal.
