La precaria situación en las cárceles, la inseguridad y las restricciones de derechos o limitada protección a mujeres, niños y refugiados en Ecuador preocupa a Human Rights Watch (HRW), según revela su informe anual correspondiente a 2021.
«Las pobres condiciones carcelarias y la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza por los organismos de seguridad, las restricciones al acceso a la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la limitada protección de los derechos de niños y refugiados siguen siendo graves preocupaciones», reza el reporte de la ONG difundido este jueves.
Y destaca que en mayo de 2021, al asumir la Presidencia, Guillermo Lasso adoptó como una de sus primeras medidas la de promulgar un proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, a fin de derogar la norma hasta entonces vigente emitida por el presidente Rafael Correa, que «había dañado severamente la libertad de expresión».
También resalta el hecho de que entre los 137 legisladores que resultaron elegidos por primera vez está una indígena como presidenta de la Asamblea Nacional.
Pese a que bajo el Gobierno de Lenín Moreno se acometieron mejoras democráticas para garantizar la independencia de instituciones claves, aún durante el año pasado, «persistieron retrasos injustificados en juicios, funcionarios gubernamentales presionando impropiamente a las cortes, y una falta del debido proceso en casos de corrupción de alto perfil».
El informe de la organización que defiende los derechos humanos en un centenar de países, menciona también la existencia de acusaciones de corrupción a funcionarios involucrados en la respuesta a la pandemia de la covid-19. Se refiere a denuncias que fueron conocidas durante el mandato del expresidente Moreno.
Respecto al desempeño de las fuerzas de seguridad, HRW se hace eco de un informe de la Defensoría del Pueblo que investigó las protestas sociales de 2019 y la muerte de seis manifestantes, que atribuyó el 75 % de las violaciones a los derechos humanos a la Policía y el 13 % al Ejército.
Pero pone el foco en la situación de las prisiones en el país andino, caracterizada por unas «pobres condiciones, violencia, salud inadecuada y problemas de larga duración».
Detalla, por ejemplo, que más de 600 reclusos contrajeron la covid-19 y varios fallecieron, que en septiembre 118 murieron y 52 resultaron heridos (en una masacre sin precedentes) y que en febrero y julio se produjeron más de un centenar de muertos y heridos de detenidos y fuerzas de seguridad, incluida una oficial que fue violada.
En relación a la mujer recalca la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto por violación en abril, si bien denuncia que entre enero y septiembre según datos de la Fiscalía se produjeron 49 femicidios, cifra que las organizaciones de mujeres elevan a más de un centenar.
Los derechos de los niños siguen viéndose empañados por la violencia sexual de la que son objeto en el ámbito educativo y familiar. El informe recoge que el 14 de agosto Ecuador conmemoró su primer día nacional contra la violencia sexual en las escuelas en virtud de un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mención especial dedica a los derechos de los pueblos indígenas cuyas comunidades han presentado varias demandas en las que buscan protección de sus territorios ancestrales, o la resolución del Constitucional contra la detención sin juicio de miembros de una tribu no contactada.
HRW reconoce que Ecuador es uno de los países de la región más garantistas en cuanto a la protección de migrantes y refugiados. Pero por otro lado, indica que los venezolanos, que superaron los 451.000 en septiembre, siguen experimentando limitaciones para obtener visados, especialmente por su elevado costo. EFE
