Diana Salazar, fiscal general del Estado, acogiendo el pedido de la familia de la modelo manabita Naomi Arcentales dispuso que la investigación sea sustanciada por una fiscal especializada en violencia de género desde la Planta Central, en Quito.
Esta decisión se toma, además, debido a que los agentes fiscales que conocían este caso en Guayas -Livanesa Gálvez, primero, y Patricia Morán, después- confirmaron un diagnóstico positivo de Covid-19 y presentan un cuadro delicado, situación que les impide continuar con las diligencias en territorio.
De esta manera, el expediente de este caso será trasladado de la fiscalía de Personas y Garantías No. 9, perteneciente a la provincia de Guayas, a Planta Central, con el objetivo de seguir con las acciones previstas en esta causa, garantizando el acceso a la justicia, tras los hechos que desembocaron en la muerte de la joven.
Naomi fue hallada sin vida en un departamento de Manta, el pasado 12 de diciembre del 2021. Según el resultado de la primera autopsia efectuada en ese entonces por Criminalística, se trataría de un suicidio, porque en su cuerpo no se observaron huellas de maltrato, golpes o señales de violencia o defensa, ni puñaladas. La familia de Naomi considera que no se trató de un suicidio y que se trataría de un feminicidio. Luego, hubo una segunda autopsia de la que se espera los resultados.
Tras la muerte de la modelo, los allegados dieron a conocer una conversación por mensajes de texto entre Naomi Arcentales y aparentemente su pareja sentimental donde se evidenciarían las agresiones de las que era objeto la joven de 23 años.
El considerado a investigar es la pareja de Arcentales, el agente fiscal Juan Carlos Izquierdo, quien fue suspendido de sus funciones por el Consejo de la Judicatura.
Dos procesados por violación
En Manta, esta semana, La Fiscalía formuló cargos contra dos personas por su presunta participación en el delito de violación. El hecho habría ocurrido en agosto de 2021, y perpetrado contra Naomi.
El juez de la causa dispuso prohibición de salir del país y presentación periódica ante la autoridad, como medidas cautelares para asegurar la presencia de los involucrados en las siguientes etapas del proceso.
Según las investigaciones, la denunciante habría asistido a una fiesta por invitación de un amigo y habría sido agredida sexualmente por parte de Javier C. Y Sixto M., personas que ella no conocía previamente, pero a quienes identificó como los agresores en su testimonio anticipado. (I)
