La estrategia fue cambiar los nombres para tratar de engañar. De aborto- que suena mal y tiene un tufo inconfundible- pasaron a llamar “interrupción voluntaria del embarazo” que suena menos duro, pero es lo mismo. Y, con la decisión de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que pretendía permitir el aborto hasta los siete meses para mayores de dieciocho años y hasta el final del embarazo para las menores, pasaron al asesinato. Porque de aprobarse ese informe de mayoría, se habría permitido asesinar legalmente.
La aventura comenzó con el planteamiento del ex Defensor del Pueblo- de triste recordación- aquel que fue sorprendido farreando en medio del confinamiento impuesto por la pandemia y hoy está condenado por abuso sexual en esa misma farra. Vino luego, la decisión de la Corte Constitucional, que según muchos juristas se extralimitó en sus atribuciones al contradecir el derecho a la vida desde la concepción que manda la Constitución vigente. Y como corolario de este serial, una comisión legislativa aprobó lo que tirios y troyanos califican como un asesinato, pues no otra cosa es acabar con la vida de un ser humano de siete meses, al que los ultristas del aborto llaman “producto”.
El revuelo causado por la decisión de la mayoría de la Comisión de Justicia, puso a la defensiva a sus autores y les obligó a rectificar el infundio. Se dieron cuenta de que se les fue la mano. Sin embargo, se pretende imponer a los médicos romper su juramento primigenio de defender la vida.
El tema de fondo es que, lo que está ocurriendo, no es sino una escaramuza en la mente de quienes defienden el aborto. La batalla final la darán en un futuro cercano cuando planteen el aborto sin limitaciones ni requisito alguno, que es la meta a donde quieren llegar. En esa línea están perdiendo una batalla, pero no la guerra. (O)
