Un Estado democrático cuenta con un sistema político sólidamente organiza mediante leyes que regulan en múltiples formas el comportamiento y procedimientos de personas organizaciones privadas y públicas. Aunque etimológicamente se entiende por democracia el gobierno del pueblo, consideran algunos que debe entenderse por la observancia global de las leyes. Si operara con firmeza esta observancia y el respeto a los derechos de los otros, imperaría el orden y la paz, contando con adecuados caminos para reformas indispensables en las colectividades que cambian con el tiempo y que adecuan las normas mediante reformas coherentes.
La consulta popular es un medio para, en condiciones especiales, recurrir directamente a la opinión popular; debe recurrirse a ella en situaciones críticas y ante la necesidad de realizar cambios no previstos en el sistema jurídico o reformas sustanciales. Una consulta superaría la lentitud y complicaciones establecidas que podrían llevar mucho tiempo, más allá de la urgencia de los cambios. Con una visión superficial podría pensarse que se debe recurrir a ella para superar la lentitud burocrática, pero el costo y complejidad que conlleva, hace pensar que es un mecanismo excepcional.
El presidente Lasso ha hablado de la necesidad de una consulta popular para salir adelante de una serie de problemas, como una reforma integral del sistema jurídico. Es evidente que en los últimos tiempos se han dado resoluciones cuestionables de algunos jueces cuya sanción es dudosa e ineficiente y consideramos que sería beneficioso este cambio integral. Pero una cosa es la idea y otra las preguntas concretas y, en este caso, la propuesta de las innovaciones del sistema debidamente ordenadas. No rechazamos la idea y creemos que sería positiva si está bien estructurada. Consideramos poco conveniente que se lleve a cabo simultáneamente con procesos electorales políticos.
