Expulsiones y demoliciones de casas de familias palestinas en Jerusalén Este, y la aprobación de más asentamientos colonos allí y en otros puntos de Cisjordania ocupada, condenan a muerte la solución de los dos Estados, vista durante décadas como la única salida al proceso de paz en Oriente Medio entre Israel y Palestina.
«Prepárense para asistir al funeral de esta solución con todas las consecuencias de tal muerte para la vida de millones de personas, palestinos y otros», avisó el ministro de Exteriores palestino, Riyad al Maliki, el pasado miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York en el debate periódico sobre la situación en Oriente Medio.
«La solución de dos Estados que la comunidad internacional ha legislado y defendido durante tanto tiempo no necesita sus palabras de consuelo. Necesita que la protejas», insistió en ese foro, pocas horas después de que la policía israelí desalojara por la fuerza a los Salhiya la madrugada del miércoles y demoliera las dos viviendas de esa familia palestina residente de Jerusalén Este ocupado.
Dos días antes, cuando la policía acudió a ejecutar una orden de desahucio, los quince miembros de esa familia -incluidos niños y ancianos- se habían atrincherado con gasolina y bombonas de gas en el tejado de la casa en el céntrico barrio de Sheij Yarrah y amenazaron con «hacerla volar» si los sacaban de la que era la vivienda familiar desde los años cincuenta.
EL DESALOJO DE LOS SALHIYA
Los Salhiya vivían desde entonces en estos terrenos de Sheij Yarrah con estatus de refugiado, ya que se vieron obligados a abandonar su casa en el barrio de Ein Karem, en la parte oeste de la ciudad, en 1948 cuando se formó el Estado de Israel.
Los terrenos donde vivían los Salhiya fueron expropiados por el Ayuntamiento de Jerusalén en 2017 para construir una escuela para niños con necesidades especiales, pero para la familia y otros vecinos es solo una excusa para acometer «una limpieza étnica» de este estratégico barrio, convertido hoy de nuevo en foco de tensión y escollo para un eventual proceso de paz.
Israel ocupa desde 1967 el este de la ciudad, que se anexionó en 1980, y donde actualmente impone sus leyes civiles entre una población de más de 370.000 palestinos, la mayoría sin ciudadanía israelí y con permisos de residencias revocables, y 200.000 colonos; aunque los palestinos y gran parte de la comunidad internacional aspiran a que la mitad este de Jerusalén sea la capital del cada vez más lejano Estado palestino.
«Quieren hacer que los residentes judíos sean más que los residentes árabes», valoró en declaraciones a EFE el portavoz familiar, Mahmud Salhiya, quien ayer fue liberado tras pasar más de 24 horas detenido por «violar una orden judicial, oposición violenta y alteración del orden público».
Otras 70 familias palestinas del barrio, también con estatus de refugiado, cuentan con órdenes de desalojo que responden mayormente a demandas interpuestas por organizaciones colonas israelíes que reclaman la propiedad de las casas de antes de 1948, en base a leyes que no se aplican a propiedades palestinas en la zona oeste israelí.
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Tras la expulsión de los Salhiya, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) se apresuró a juzgar lo ocurrido como «crímenes de guerra» y reclamó la acción más contundente de la comunidad internacional, específicamente a la administración del presidente Joe Biden en EEUU, a la que exigió «que asuma su responsabilidad e intervenga de inmediato».
Mientras la Casa Blanca permanece en silencio, la Unión Europea (UE) sí se pronunció ayer sobre el caso de los Salhiya y advirtió de que la tendencia creciente de expulsiones y demoliciones en Jerusalén Este y otras partes de Cisjordania ocupada «plantea el riesgo de aumentar tensiones», como ya ocurrió en la escalada bélica con las milicias palestinas de Gaza.
La UE también reclamó a Israel «no proceder» con el plan -anunciado el mismo día que acudieron a desalojar a los Salhiya- de construir más de 1.450 edificaciones en un nuevo asentamiento entre las colonias de Har Homa y Givat Hamatos, en Jerusalén este ocupado, que desconecta aún más la ciudad del resto de Cisjordania y «podría afectar a la posibilidad de que Jerusalén sirva como futura capital de ambos Estados».
«La expansión de asentamientos, las demoliciones y los desalojos son ilegales bajo el Derecho internacional. Exacerban las tensiones, amenazan la viabilidad de la solución de los dos Estados y disminuyen las posibilidades de una paz duradera», incidió la UE, en la misma línea que las palabras de Maliki, quien ayer se reunió en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para abordar los últimos acontecimientos en los territorios ocupados.
El nuevo Gobierno israelí, liderado por el ultranacionalista y exlíder colono, Naftali Benet, ya aprobó en octubre más de 3.000 viviendas en nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, donde viven más de 400.000 colonos, desdibujando las fronteras pactadas para un futuro Estado palestino.
Ese anunció sí provocó una ola de rechazo en la comunidad internacional, incluido EEUU, aunque nadie de momento ha plateado la posibilidad, como reclama la ANP, de imponer sanciones a Israel, que mantiene buena relación diplomática con cada vez más países árabes pese a que la cuestión palestina sigue en el aire. EFE
