Por ocho días más se aplazará la votación de la Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, así lo solicitó la ponente del proyecto, la asambleísta Johana Moreira, y lo aprobó Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional.
Antes de cerrar el debate, que duró más de ocho horas y tuvo la intervención de 52 asambleístas, Moreira planteó que la votación se realice en dos partes, en la una se incluirá todo el bloque y en la segunda solo el artículo 19 de la ley, que se refiere a la temporalidad, que es el nudo crítico en que ayer se trabaron los legisladores.
Es que la mayoría de las intervenciones se centraron en criticar que el informe de mayoría haya establecido las 22 semanas para realizarse el procedimiento para las niñas y adolescentes y 20 semanas para las mujeres adultas.
Sin embargo, pocos se animaron a proponer un plazo diferente, una de ellas fue Vanesa Freire (UNES), quien consideró que el tiempo máximo debería ser de 12 semanas, para evitar causar un daño mayor al feto, aunque finalmente advirtió que no dará su voto para aprobar la norma, aunque se incluya la temporalidad que ella sugirió.
Sofía Espín (UNES), coincidió con este plazo, que es el que además está contemplado en el informe de minoría que presentó junto con el asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik), que establece 6 semanas para las adultas y 12 semanas para las menores de edad.
Negativa de aprobar la ley
Pese a que la Corte Constitucional (CC), en su sentencia emitida en abril del año pasado, ya despenalizó el aborto por violación, la mayoría de las intervenciones de ayer se centraron en rechazar esta práctica y anticiparon una votación en contra de la ley.
Por esta razón algunos asambleístas, entre estos Verónica Carrillo (Izquierda Democrática), debieron aterrizar el debate y recordar a los legisladores que la práctica ya está legalizada y que lo que le resta a la Asamblea es crear una ley que permita esta práctica de una forma segura y lo más ajustada posible a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
El rechazo a la sentencia de la CC llevó a asambleístas como César Rohon (Partido Social Cristiano) a cuestionar incluso la potestad que tiene esta institución para ordenarles la elaboración de una ley, puntualizó que esa es facultad exclusiva del Ejecutivo o de la Asamblea.
Incluso Esteban Torres (Partido Social Cristiano) argumentó que la sentencia de la corte les exige debatir el tema, pero no aprobar la ley.
“La sentencia dispone que la Asamblea conozca y discuta el proyecto de ley, jamás se dice aprobar, ustedes tienen la libertad, si no votan, no están sujetos a desacato”, dijo Torres, pese a que en la aclaración al fallo que la CC emitió el pasado junio dejó claro que la Asamblea deberá aprobar la norma.
Si la Asamblea Nacional no aprueba la ley, Cristina Vera, directora de Surkuna, organización que defiende a víctimas de violación, señaló que el procedimiento podrán seguirse realizando en el país, pues ya no es ilegal, además que la CC podría asumir la responsabilidad que se niegan a aceptar los asambleístas y elaborar la normativa.
Apoyo a la pena de muerte
Para muchos de los asambleístas el tema se debería centrar en sancionar a los violadores, y afirman que si no se exige la denuncia, como se establece en el informe de mayoría, se lo dejaría en la impunidad, sin embargo, la propuesta es que el médico reporte el delito a la Fiscalía y no la víctima, que por lo general no lo hace por temor.
En el debate de ayer se hicieron varias propuestas para que, en lugar de aprobar la ley que regule la interrupción del embarazo en caso de violación, se endurezcan las penas contra el violador,
María Aquino, quien se declaró como defensora de la vida desde la concepción, pidió la pena de muerte para el violador: “Por qué no hablamos de los monstruos, deberíamos estar hablando de la pena de muerte para esos seres repudiables, es una barbaridad querer quitar la vida a un ser humano que ya siente, llora, acaso el bebé tiene la culpa”, dijo.
Por su parte Nathalie Viteri (PSC) también pidió la pena de muerte o por lo menos la cadena perpetua; además sugirió, sin tomar en cuenta que se estaba analizando casos de violación, que las mujeres que no desee tener un bebé “utilicen un método anticonceptivo».
