En torno al 30 % de los niños de Venezuela padecían en 2020 algún tipo de malnutrición, más de la mitad en forma severa, denunciaron en un informe la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la ONG venezolana Provea.
«Los factores económicos han causado una situación de urgencia humanitaria caracterizada no sólo por una profunda pobreza, sino por la inseguridad alimentaria, la malnutrición infantil y la emigración de más de seis millones de venezolanos», se señala en el documento difundido este martes.
En el informe se alerta de que la pobreza ha subido en Venezuela de «manera exponencial», hasta afectar al 94,5 % de la población en 2021 y denunció que «las redes de corrupción» en el país sudamericano absorben los fondos que deberían ser destinados a la producción y distribución alimentaria.
«Durante los últimos seis años el PIB ha caído más de un 80 %, una de las contracciones más brutales del hemisferio norte, excluyendo los países inmersos en un conflicto armado», indicaron los autores, quienes agregan que empeora el panorama un «cuadro de hiperinflación mensual del 50 %».
En el documento, de 72 páginas, se asevera que «la falta de acceso a la tierra, al agua y a ciertos servicios contribuyen a la inseguridad alimentaria» y se alerta de que la capacidad de tratar y distribuir el agua potable está minada hasta el 40 % de su capacidad en relación a 1998.
«La producción de electricidad ha caído el 74 %, lo que ha provocado 174.000 cortes de corriente durante 2021, afectando al 74,2 % de la población», se constata en el informe de la FIDH y Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos).
La penuria energética -se añade- ha llevado a 5,4 millones de personas a cocinar a base de la combustión de madera, en vez de con gas.
En el informe se insta también al Gobierno de Nicolás Maduro a que se dé «absoluta prioridad» a la «urgencia alimentaria» durante la abertura de negociaciones con las fuerzas opositoras recientemente anunciada. EFE
