Grupos feministas de Ecuador se reunieron este sábado en Quito para rechazar el veto presidencial a una ley sobre la despenalización del aborto por violación, que se debate en la Asamblea Nacional (Parlamento), y anunciaron movilizaciones para tratar de impedir las enmiendas del Ejecutivo.
Dirigentes de más de sesenta grupos feministas de todo el país se congregaron en uno de los salones de la sede del Legislativo, en Quito, para analizar acciones contra el veto emitido por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.
El mandatario vetó el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto por violación, que fue aprobado por la Asamblea, y propuso más de sesenta enmiendas, por lo que el órgano parlamentario debate si acoge las sugerencias presidenciales o ratifica su texto inicial.
Los grupos femeninos recordaron que la ley aprobada en primera instancia por la Asamblea fue ordenada por la Corte Constitucional, el máximo organismo de control legal del Estado, que obligó al Legislativo a definir una normativa que garantice la interrupción del embarazo en casos de violación.
Paulina Gonzalón, presidenta del movimiento feminista «Yo también», aseguró a Efe que en la reunión de este sábado el colectivo ha ratificado su defensa por los derechos de las mujeres y, sobre todo, el que se garantice la interrupción del embarazo producto de una violación.
Este derecho, dijo, «no puede ser negociado» y rechazó el veto del presidente Lasso al considerar que «condena» a las mujeres a mantener «un embarazo en esas condiciones» de violencia.
Esta ley «no se puede negociar políticamente, pues se trata de defender la vida de una mujer», en muchos casos menor de edad, que ha sido violada y, como producto de ello, ha quedado embarazada sin desearlo, agregó.
Gonzalón comentó que la mayoría de menores violadas provienen de sectores pobres y que recurren a métodos clandestinos de aborto que ponen en riesgo sus propias vidas.
Además, afirmó que en muchos casos los agresores son personas cercanas o familiares, lo que genera una mayor presión para acudir a abortos clandestinos e inseguros.
«La Asamblea debe dejar de lado el cálculo político» y negar el veto presidencial, agregó la activista tras remarcar que los grupos feministas estarán en vigilancia y movilizadas.
Rocío Rosero, coordinadora de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, calificó la actitud del presidente Lasso como «autoritaria» e incluso rechazó que el gobernante haya intentado «criminalizar la protesta de las mujeres».
Rosero recordó que la semana pasada la Policía reprimió con dureza una marcha pacífica de los grupos feministas, un incidente que incluso tuvo resonancia en organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) que condenó la represión.
Además, la activista dijo que el veto presidencial a la ley sobre el Aborto por violación aprobada por la Asamblea «tergiversa el sentido» de lo que ordenó la Corte Constitucional para que se definiera la normativa.
Por ello, Rosero dijo que los grupos feministas estarán atentos al debate parlamentario y que, de forma paralela, mantendrán las movilizaciones.
«La Asamblea Nacional tiene el gran reto de archivar ese veto» del presidente Lasso y «tiene la obligación de volver a reafirmar la ley aprobada» por el propio Legislativo, añadió. EFE
