Las denuncias presentadas por el presidente Guillermo Lasso ante la Fiscalía General del Estado a cerca de presuntos actos de corrupción en la Asamblea Nacional, dejan en un según plano el escenario de la muerte cruzada, pero no la descarta por completo. Al parecer las intenciones del Ejecutivo por desarticular el legislativo siguen en marcha, aunque esta vez el blanco se centre en sus integrantes.
La legitimidad de la Asamblea decae en ciertos eventos suscitados durante los últimos meses: la renuncia de un asambleísta tras afirmar que la entidad “no está aportando”, acuerdos en temas de leyes y, ahora las denuncias a cinco de sus miembros y un asesor por ser sospechosos de haber solicitado beneficios económicos a cambio de votar a favor del proyecto de Ley de Inversiones, propuesto por el Ejecutivo, que tras votación del poder legislativo fue negado y archivado el pasado 24 de marzo.
Sin duda, es acertada la primera decisión de hacer conocer a la red pública y a los ecuatorianos los nombres de los asambleístas acusados de hacer este tipo de pedidos que van en contra de lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Está en manos de la Fiscalía ejecutar las respectivas investigaciones y la Asamblea deberá demostrar su legitimidad y transparencia en las decisiones que toma. (O)
