Una agudización de los conflictos políticos se ha dado en Ecuador en los últimos días, a partir de que el Presidente Guillermo Lasso reaccionara furibundamente frente a la negación, por parte de la Asamblea Nacional, de su proyecto “Ley de inversiones”.
En su reacción Lasso expresó que “todos los asambleístas son ladrones y corruptos”, acusó al ex candidato de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, de evasor de impuestos, y a 5 asambleítas de Pachakutik de pedir dinero por votos; acusaciones que sorprendieron debido a que el Gobierno ha mantenido desde el inicio de su gestión relaciones políticas precisamente con asambleístas de esos dos partidos. También declaró Lasso que va a gobernar sin tomar en cuenta a la Asamblea y a través de decretos y reglamentos.
Es una reacción que se podría explicar por un déficit de entendimiento de lo que significa gobernar en el marco de un régimen democrático, donde debe existir independencia entre poderes como el Ejecutivo y legislativo, y respeto a las posiciones políticas diferentes.
Cierto es que en la Asamblea se nota un baja preparación en muchos asambleístas, comenzando por su presidenta Llori ( que hay que recordar llegó a ese cargo por el apoyo del Gobierno), cierto es que habrían también asambleístas que buscan negociar sus votos a favor del Gobierno de turno; empero la Asamblea, ya como institución legislativa del Estado, tiene la potestad constitucional de “aprobar, modificar o negar” los proyectos del Ley enviados por el Ejecutivo; de forma que cuando sucede lo último, no tiene sentido hablar de “bloqueo”, peor usar esto como motivo para una “muerte cruzada”.
La negación del proyecto de “Ley de inversiones”, empero, no sólo fue legal, sino también un acto democrático, pues la mayoría de legisladores (elegidos, al igual que el Presidente, por el pueblo) al tener una postura de centroizquierda consideró que las diversas formas de privatización contenidas en el proyecto, y auspiciadas por un Gobierno de derecha, no eran convenientes para el país.
Lo ocurrido, entonces, es parte del juego democrático; por lo que los descalificativos, las amenazas, o el anuncio de prescindir del Legislativo, sólo pondría al país en el camino de un autoritarismo que creíamos ya haber superado. (O)
