Perú vive horas aciagas desde que un paro de camioneros derivó en revueltas violentas que colocaron al presidente Pedro Castillo contra las cuerdas. Entidades civiles, medios de comunicación y grupos políticos, incluso aliados de izquierda, avivaron las críticas en su contra y los pedidos de renuncia o destitución.
Pero las señales de que Castillo dé un paso al costado han sido nulas, por ahora, lo que ha llevado a muchos a preguntarse por qué no lo tumba el Congreso, dominado por una oposición que oscila de la extrema derecha al centro liberal.
Estas son algunas de las respuestas:
1. FRAGMENTADO EN DIEZ
El desgaste parlamentario a una gestión que se sabía débil desde un comienzo ha sido incesante y ha tomado forma de interpelaciones, censuras e intentos de destitución que, hasta ahora, han derivado en poco más que la salida de dos ministros.
Pese a los serios cuestionamientos hacia ciertos miembros del Ejecutivo, los parlamentarios no quemaron ni una «bala de plata» y dieron el visto bueno a los tres gabinetes de Castillo que acudieron al hemiciclo a pedir su confianza, algo que, de negarse dos veces, habilitaría al mandatario a disolver la cámara y convocar nuevas elecciones generales. Era arriesgado si no querían perder su escaño.
Hasta la fecha, las iniciativas de la oposición se han visto en su mayoría dinamitadas por la cantidad de facciones que existen en el Congreso, fragmentado en diez fuerzas políticas, que entorpecen la obtención de los votos necesarios para aprobar medidas que puedan golpear a la administración de Castillo.
Su Gobierno logró una débil minoría congresal con la que, como máximo, sumaba 49 votos, un número similar al que consiguió la derecha radical de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú, sin contar los dirimentes de Acción Popular y Alianza para el Progreso.
2. INTERESES SUBALTERNOS
En sus poco más de ocho meses de gestión, la oposición ya suma dos intentos fallidos para sacar a Castillo del poder. La primera moción de destitución presidencial por una supuesta «permanente incapacidad moral» se presentó en noviembre pasado, pero ni siquiera logró los votos para ser admitida a trámite.
La segunda sí. Se debatió y votó el pasado 28 de marzo, pero el mandatario sorteó la amenaza parlamentaria y, pese a que el desenlace era matemáticamente previsible, lo hizo con un apoyo mayor del esperado. Para prosperar, se necesitaba el voto favorable de 87 legisladores, pero solo 55 apoyaron la iniciativa.
El riesgo de someter al mandatario a un nuevo juicio político sigue vigente, y se vislumbra, de hecho, permanente. Sin embargo, los números no alcanzarían sin que ocurriera una fractura dentro del mismo gobierno y en la bancada oficialista de Perú Libre, el partido marxista con el que Castillo ganó las elecciones en julio del año pasado.
Además, supondría el recorte del mandato congresal, prácticamente una inmolación que muchos congresistas parecen no estar dispuestos a consumar, pues los costos de mantener a un presidente repudiado deberían sobrepasar con creces los intereses políticos y personales de quienes ocupan los escaños.
3. MOVIMIENTO DE PIEZAS
Para la oposición más férrea, obcecada con la liquidación de Castillo, la balanza está bien clara. En otros grupos clave, como Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Somos Perú, el tema está más entrampado o al menos así se percibió en el último intento de destitución, cuando votaron divididos.
Un movimiento clave podría venir de los acciopopulistas, que supuestamente cuentan con al menos cinco congresistas entre sus filas que «obedecen todo lo que dice» Castillo, según declaró ante la Fiscalía la empresaria Karelim López, quien acusó a este grupo de legisladores, apodado con el irónico apelativo de «Los Niños», de formar parte de una supuesta mafia dentro del Ejecutivo.
La diseminación de las bancadas aliadas al Gobierno también rompería el blindaje y, de hecho, las recientes protestas ciudadanas ya hicieron tambalear el apoyo de antiguos socios, como Sigrid Bazán, parlamentaria del progresista Juntos por el Perú, quien calificó de «inacatable» el toque de queda decretado el martes pasado en Lima y Callao por Castillo como respuesta al paro de camioneros, y acusó su gestión de haber dado un giro «hacia la derecha».
Ajeno al proceso de destitución, otro camino posible para destituir al presidente sería la acusación constitucional, pero este resultaría más largo y el que está hoy en curso, por supuesta «traición a la patria», por unas declaraciones en las que abrió la posibilidad de entregar un acceso al mar a Bolivia, resulta débil en argumentos.
4. QUE SE VAYAN TODOS
Otro freno es que, si bajan a Castillo del sillón presidencial, asumiría la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien, de no aceptar, cedería el puesto a María del Carmen Alva, la titular de un Parlamento desaprobado por el 82 % de la población del país, según los últimos sondeos.
La precariedad del Congreso es probablemente el mayor capital político de Castillo, cuyo rechazo asciende ahora al 76 %.
El desprestigio azota a ambos de tal manera que el 60 % de los peruanos se muestra a favor de adelantar elecciones y, en caso de destituir al presidente, el 80 % opina que lo mejor es que se vayan todos.
Castillo tal vez pueda manejar la pérdida de apoyo del Legislativo, pero está por ver si también sobrevive al cada vez más patente rechazo de la ciudadanía, y en especial de las regiones del interior del país, su bastión electoral que con las recientes movilizaciones ha puesto en jaque su Gobierno. EFE
