El 16 de abril de 2016, Manabí y Esmeraldas resultaron afectadas por un terremoto de 7,8 grados, cuyo epicentro fue Pedernales.
El país sufrió un trauma colectivo. No era para menos. Murieron centenares de personas. Miles de familias se quedaron sin techo; se hizo trizas la infraestructura vial, también la hospitalaria, gran parte de la educativa, entre otros daños mayores.
El gobierno de la época aplicó un paquete de medidas económicas y aprobó una ley para enfrentar semejante panorama de destrucción.
Incrementó en dos puntos el IVA durante un año. Estableció una contribución única obligatoria del 3 % sobre las utilidades, más otra gradual de un día de sueldo por mes a quienes ganaban más de mil dólares en el sector público.
Nadie se opuso a tales contribuciones; pues, para enfrentar una desgracia de magnitud, la solidaridad era determinante. Organismos internacionales y gobiernos de otros países también dieron sus aportes.
La reconstrucción fue la prioridad. Los escombros, el duelo y el llanto, si bien soportándolos, mal podían impedir emerger.
Seis años después, investigaciones periodísticas revelan una reconstrucción incompleta. Prevalecen obras inconclusas. Sobre las ejecutadas hay sombras de duda en cuanto a sus costos reales; en fin, aún hay mucho por hacer, por reclamar, ni se diga por transparentar.
Pedernales, por ejemplo, sigue con un hospital a medias. La corrupción se engulló esta esperanza. En este cantón aún hay familias viviendo en carpas donadas hace seis años.
En las zonas afectadas sigue la reconstrucción, pero plagada de líos judiciales y con contratistas incumplidos.
Hay denuncias de sobreprecios. La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal por la aprobación de obras no ejecutadas y no priorizadas, tal como lo disponía la Ley de Solidaridad.
Bien por lo hecho. No todo está mal. La inversión privada ha sido determinante en gran parte de Manta y Portoviejo. Pero cientos de familias aún esperan la ayuda prometida por el Estado, sobre todo en vivienda y salud.
