El Gobierno chileno expresó su «apertura a poder conversar y discutir los límites» del polémico proyecto de amnistía a los manifestantes detenidos durante la ola de protestas de 2019, iniciativa que el Ejecutivo pidió en marzo pasado que se discuta con «suma urgencia».
“Esperamos que el proyecto pueda avanzar en el Parlamento (…) hay compromisos de campaña que, al momento de sufragar, cada uno de los chilenos que participamos de este proceso lo teníamos absolutamente claro”, declaró la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Izkia Siches, a periodistas en la capital.
“Esperamos en eso también cerrar lo que fue el proceso del estallido social para dar cuenta de un país que se vuelve a encontrar, que toma acuerdos y avanza en la línea correcta”, agregó Siches.
El proyecto de ley propone otorgar la amnistía a aquellas personas que cometieron delitos durante el estallido social de 2019, una ola de masivas protestas que dejaron una treintena de muertos, miles de heridos, denuncias por violaciones de los derechos humanos por parte las fuerzas de seguridad y numerosos episodios de violencia con saqueos e incendios.
La iniciativa fue presentada por un grupo de parlamentarios de izquierda y se convirtió en uno de los temas más espinosos de los últimos meses del mandato del derechista Sebastián Piñera, quien dejó el cargo el pasado 11 de marzo y repudiaba el proyecto.
Mientras que la derecha rechaza la idea del perdón y sostiene que «en Chile no hay presos políticos», desde la izquierda denuncian que durante esa crisis social se produjo «una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y múltiples procesos penales».
La urgencia a esta iniciativa surgió de una solicitud realizada al Ejecutivo por la víctima de la violencia policial Fabiola Campillai, ahora senadora.
En un inicio, el actual presidente, el izquierdista Gabriel Boric, se posicionó a favor y sin condiciones de aprobar la amnistía, pero más tarde, durante la campaña electoral, en noviembre de 2021, aseguró que «no es aceptable pensar en un indulto para todos».
Familiares de los detenidos, asociaciones y simpatizantes de la causa llevan más de dos años saliendo a las calles denunciando abuso de la prisión preventiva, lentitud de los procesos judiciales y uso de legislación especializada para criminalizar las protestas.
Diversos organismos apuntan a que no existen cifras definitivas sobre el número de personas que siguen detenidas, aunque el Ministerio Público afirmó en mayo de 2021 que eran 25. EFE
