Un nuevo conflicto socio-ambiental podría surgir a raíz de la potencial explotación de materiales en el cerro Guaguazhumi, ubicado en la comunidad Cochas, parroquia Paccha, cantón Cuenca.
Esos materiales sirven para fabricar cemento.
En 2017 la Subsecretaría Regional de Minas concesionó 299 hectáreas en aquella área a una empresa privada, cuya actividad, por el momento, se encuentra en fase de exploración.
Esta fase es previa al otorgamiento de la licencia ambiental, requisito único para proceder con la explotación minera en un área aún por definirse dentro del espacio concesionado.
Las alertas comienzan a prenderse. De hecho, ya es evidente la oposición, sobre todo de las comunidades cuyos territorios son parte del cerro y sus estribaciones.
Han formado el colectivo “Guaguazhumi Vive”. Sus dirigentes recuerdan el convenio firmado en 2014 con el Ministerio del Ambiente para reforestar 200 hectáreas en la zona.
Además, el Plan de Ordenamiento Territorial, tanto parroquial, como cantonal y provincial, identificó al sector, materia del potencial conflicto, en zona protegida, pues hay fuentes de agua y riquezas arqueológicas, similares a las existentes en El Plateado, meseta de Pachamama y el cerro Las Monjas.
El INPC dice no tener un diagnóstico oficial para determinar si la eventual explotación provocaría afecciones arqueológicas.
Pero el referido sector sí figura como sitio de importancia cultural, en este caso arqueológica, según el Sistema de Información del Patrimonio Cultural.
La Junta Parroquial de Paccha, la Municipalidad de Cuenca y el Gobierno Provincial del Azuay, deberían tomar cartas en el asunto para, entre otras cosas, evitar la conflictividad social.
Las tan pregonadas socializaciones, por lo general no son determinantes, mucho más cuando los intereses son irreconciliables: económicos los unos; de protección ambiental los otros. Y, a veces, hasta degeneran en división entre pobladores.
Estas y otras aristas deberán tomar muy en cuenta la institución responsable de otorgar la licencia ambiental.
