Los cuestionamientos a la justicia por parte de Pablo Ramírez, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), causaron reacción en Cuenca.
Según el SNAI, en lo que va de 2022 el sistema judicial aceptó, por medio de hábeas corpus, que 244 presos sean trasladados del Centro de Privación de Libertad (CPL) Turi, en Cuenca, a otras cárceles del Ecuador.
Y es que, de estos, 124 llegaron a la cárcel de Santo Domingo, que registra una sobrepoblación de cerca del 75% y donde este último lunes se produjo un enfrentamiento que dejó al menos 44 muertos.
Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte de Justicia de Azuay, cuya sede está en Cuenca, rechazó “que se pretenda responsabilizar de la crisis carcelaria a jueces y juezas (…)”.
“También somos ciudadanos y ciudadanas que miramos con horror los actos de violencia extrema que se vienen dando al interior de los centros de rehabilitación”, acotó.
Por medio de un comunicado aclaró que la figura legal de hábeas corpus es una garantía constitucional que está consagrada en el artículo 89 de la Constitución del Ecuador.
Detenidos
En el caso de las personas detenidas esta busca que se les garantice, al interior de los centros de rehabilitación, su integridad psíquica, moral y sexual; y su derecho a no ser tratados de forma inhumana.
“Jueces y juezas, no dictamos leyes… no garantizamos la seguridad al interior de los centros de rehabilitación, ni controlamos el ingreso de armas, por tanto, el SNAI es el único responsable de la crisis carcelaria”.
Esto consta en el escrito, en el que asimismo figura que: “ante las masacres que se vienen perpetrando en los centros de rehabilitación es lógico el temor que las personas privadas de la libertad tienen (…).
De acuerdo con Vallejo, la carga de la prueba en este tipo de acciones constitucionales la tiene el Estado, a través del SNAI, para demostrar que no corre riesgo la integridad de quienes se encuentran bajo su custodia.
“Sin embargo, al llegar a las audiencias, los funcionarios de la indicada institución (SNAI), tienen un papel pasivo y su defensa es nula… en la mayoría de casos, ni siquiera se interponen recursos de apelación”, refirió.
Estadísticas
Según Vallejo, desde el 1 de abril al 9 de mayo de 2022 han ingresado a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Cuenca 123 acciones, que han sido conocidas por los dos jueces y una jueza de esta materia.
Cada uno de estos magistrados cumple con alrededor de ocho audiencias diarias, pues su obligación constitucional es garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
En este tiempo han dispuesto el trasladado, desde Cuenca, de cuatro detenidos a Machala; 14 a Cañar; seis a Loja; dos a Archidona; 12 a Lago Agrio; seis a Tulcán; cuatro a Ibarra; seis a Macas y uno a Latacunga.
“Reiteramos, jueces y juezas no somos responsables de las masacres ni de la seguridad interna de los centros de rehabilitación, esa responsabilidad la tiene el SNAI…”, reza en el documento.
Riesgo
A criterio de Juan Carlos Tamayo, abogado, el hábeas corpus se debe aplicar en los casos en los que corra peligro la integridad física o psicológica de una persona que ha sido apresada.
“Si el sistema de rehabilitación no le asegura que pueda cumplir su pena de manera segura sin que esté en riesgo su vida, usted tiene la opción del hábeas corpus para pedir que se le garantice ese derecho…”·, dijo.
Para este jurista el hábeas corpus es el instrumento protector por excelencia de la integridad de las personas frente a las detenciones indebidas o riesgo de su integridad en las cárceles.
“No podemos responsabilizar de las masacres a los administradores de justicia ni al hábeas corpus, la rehabilitación social es responsabilidad del Estado, del Gobierno Nacional…”, insistió.
Asamblea de seguridad
Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, tras la asamblea de seguridad ciudadana cumplida el martes último, ratificó el pedido de que no sean trasladados más reclusos de otras ciudades a la cárcel de Turi.
Igualmente pidió a Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, que cumpla con su compromiso de campaña de que el centro carcelario de Cuenca sea únicamente regional.
Entre las resoluciones de esta reunión está convocar a la ciudadanía a una marcha por la seguridad y la paz el día 19 de mayo; y exigir el retorno del servicio aeropolicial para esta ciudad.
Asimismo, está: pedir al Gobierno Nacional la asignación de más policías para esta urbe y asimismo que se autorice el uso de armas no letales a la Guardia Ciudadana de Cuenca (GCC).
