No es novedad la baja calificación ciudadana sobre la gestión de la Asamblea Nacional al cumplir su primer año de gestión al mando de Guadalupe Llori.
Según la encuestadora Market, en ese lapso la calificación pasó de 34,5 % a 10,7 %.
La desaprobación de la labor legislativa no es de ahora. Excepto, quizás, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando la Asamblea fue un apéndice del Ejecutivo.
Los parlamentos son, por esencia, tribuna de la disputa política. En ellos están representadas las diversas fuerzas políticas. Sus metas son captar el poder.
El comienzo poco auspicioso de la actual Asamblea marcó la tónica. Una mayoría armada al paso para deslindarse de aquella cuya meta era hacerse del Legislativo con intereses nada transparentes, permitió la elección de Llori.
No tardaron los escándalos por corrupción, los “camisetazos”, los llamados a “robar bien”, más las posiciones radicales respecto de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, ni se diga la intentona por echarle del poder al presidente Lasso, pretextando “conmoción social” a raíz del caso Pandora Papers.
Al calor de la disputa salió a flote la “muerte cruzada”, siempre expuesta pero nunca concretada.
Ahora parece inminente la destitución de Llori a pretexto de evaluarla. Esta “cruzada” está a cargo de socialcristianos, correístas y un grupo de Pachakutik.
De concretarse, vendrá otro escenario, incluyendo la reorganización de las Comisiones Legislativas. Sus consecuencias serán impredecibles, si bien apuntan a tomarse el Consejo de Participación Ciudadana.
La agenda legislativa elaborada en junio de 2021 contemplaba la tramitación de 86 proyectos de ley. Apenas se aprobaron 6, aunque el informe oficial habla de 24. De los presentados por los legisladores, los más son reformas a normas ya existentes.
Razones de sobra tienen los ciudadanos para calificar con rojo a la Asamblea. De muchos de sus integrantes hasta dudan de su preparación académica y de poseer talante para estar en sus curules.
