Dos ciudadanos se proponen seguir lo previsto en la Constitución y en la ley para intentar la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso.
Lo acusan de no cumplir su plan de gobierno, inscrito, cuando candidato, en el Consejo Nacional Electoral -CNE-.
El CNE, sobre esa intentona notificó a Lasso, quien tiene siete días de plazo para responder.
Luego, ese Consejo tendrá quince días para emitir una resolución admitiendo o negando la solicitud.
De ser positivo, los promotores recibirán los formularios para la recolección de firmas, alrededor de 1.9 millones, y continuar con el largo proceso.
Los candidatos, por así disponerlo el Código de la Democracia, deben presentar su plan de gobierno al electorado. De ganar, tienen cuatro años para cumplirlo.
Empero, al margen de dicho plan pesan sobremanera las ofertas hechas por los candidatos al calor de la coyuntura política, de buscar alianzas y asumir compromisos con los diversos sectores sociales; pues el objetivo es ganar, y hasta de ganar como sea.
En política, la realidad suele desnudar al momento del ejercer el poder. Necesidades y aspiraciones de la gente rebasan con creces la disponibilidad financiera, apenas uno de los ejes de la compleja tarea de gobernar.
Gobernar un país en medio de esa complejidad, atizado, además, por el ataque del crimen organizado y el narcotráfico; por las corruptelas; por la disputa, hasta canibalesca, de los espacios de poder, cuando no del poder mismo, debe requerir templanza, tino y sapiencia para tomar decisiones, a veces no tan populares.
A más los problemas propios del país, sobre todo los ligados a la educación, salud, a alta de empleo, a incidencias económicas exógenas, el gobierno de Lasso parece estar cercado por una oposición ciega, no propositiva, peor deliberativa, y dispuesta, si es posible, a echarlo del poder.
A lo mejor, el intento de revocatoria tiene ese tufo, sin desconocer el derecho ciudadano de usar los preceptos constitucionales.
