La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud alertan sobre la agudización de la crisis alimentaria en el mundo, por lo que es necesario institucionalizar políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria en los diversos territorios.
En el Azuay para hacer efectiva la soberanía alimentaria es necesario que los GAD provincial, municipales y parroquiales dentro de sus competencias, coordinen y complementen las políticas públicas de gestión del agua, tierras, salud, ambiente y capacitación dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, uso, gestión y control del suelo, comenzando por respetar la frontera agrícola y prohibir las actividad minera metálica en ecosistemas frágiles y áreas especiales para la conservación de la biodiversidad y proteger la tierra rural aptas para la agricultura del crecimiento urbano no planificado.
En las ordenanzas y reglamentos se debe normar la producción y transición agroecológica e introducción de tecnologías ambientalmente amigables para la producción agropecuaria;. promover la conservación en finca; implementar bancos y casas de semillas e intercambio de semillas nativas y campesinas; fomentar el cultivo y comercialización asociativa de productos agroecológicos; la actividad productiva de los pescadores artesanales, acuicultores y recolectores; adquisición de productos agropecuarios de pequeños y medianos productores por parte de las empresas públicas vinculadas a la actividad agropecuaria; sistemas de comercialización y transporte de plántulas e insumos biorgánicos para la producción parcelaria o asociativa; y capacitación para la producción, uso y comercialización de productos sanos y de temporada, y políticas específicas para las comunidades de páramo, entre otros aspectos.
A nivel parroquial deberían establecerse comités campesinos comunales y zonales para dinamizar las economías locales, asociatividad para la producción, conservación, transporte, el trueque local, acceso a mercados, utilización de infraestructura, bienes y servicios agropecuarios; y, garantizar la aplicación de normas de carácter fitozoosanitario, de inocuidad y calidad de alimentos, faenamiento, conservación, producción y transformación de alimentos. (O)
