En Ecuador, al igual que lo sucede en varios países de América Latina y el mundo, las protestas y los conflictos sociales se desatan cuando los Gobiernos, por acciones u omisiones, generan situaciones que afectan negativamente las condiciones de vida de amplios sectores de la población. En estas condiciones un mecanismo democrático para procesar y resolver esos conflictos es el diálogo y los acuerdos
Si bien el Gobierno de Guillermo Lasso, desde el inicio de su gestión se calificó como el “Gobierno del encuentro” y afirmó que buscará el “diálogo” con diversos sectores de la sociedad; empero durante su primer año privilegió básicamente el encuentro con el FMI, acreedores internacionales y representantes de grandes compañías extranjeras, mientras que para los sectores sociales organizados el “diálogo” asomaría más bien como una suerte de estrategia política y propagandística del régimen.
Es en este marco que puede explicarse como la ausencia de un diálogo de verdad llevó a que las relaciones entre el Gobierno y los movimientos sociales, encabezados por la CONAIE, hayan terminado rotas y provocando situaciones como un paro nacional indefinido, con todas las secuelas que este provoca.
Fue en la última reunión con los dirigentes de la CONAIE, el 10 de noviembre de 2021, cuando el Gobierno se comprometió a responder en 10 días sus peticiones; una situación que no se habría dado hasta principios de junio de 2022, que es cuando la dicha organización indígena anunciaría la realización del paro. Sin embargo, ni este anuncio sería suficiente para que el Gobierno convoque a un verdadero diálogo con el movimiento indígena y busque evitar, de esta manera, la realización del Paro.
Una vez desatado el paro, si bien el Presidente volvió a hablar de diálogo, al no convocar a este con fecha, hora y lugar para dialogar con los dirigentes indígenas sobre los puntos planteados, haría que otra vez el “el diálogo” asome como un mero recurso retórico y que el paro se prolongue.
Un diálogo de verdad debe terminar con acuerdos, con plazos para su cumplimiento y un respectivo seguimiento por parte de veedores independientes a las partes, y que sean confiables. No es la fuerza, ni las típicas descalificaciones, las que pueden resolver el conflicto. (O)
