Lima (EFE).- Una acusación constitucional que avanza en el Congreso, un nuevo ministro censurado y una rotura fulminante con el partido que lo llevó al poder. Este es el saldo de una semana que dejó al presidente peruano, Pedro Castillo, con menos oxígeno para subsistir a la cada vez más asfixiante maquinaria opositora.
El desgaste legislativo a una gestión que se sabía débil desde un comienzo, y que ha cometido numerosos errores en poco menos de un año, tocó techo el jueves pasado, cuando las iniciativas que llevaban días preparándose tomaron forma en el Congreso.
Ese día, la Comisión de Fiscalización aprobó, en una votación tan veloz como caótica, un informe que acusa a Castillo de dirigir una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con su gestión, que están prófugos de la Justicia.
El expediente, que plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, será votado en los próximos días por el pleno del Legislativo y, con los votos a favor de la oposición, todo apunta a que recibirá luz verde.
Entre sus más de 360 páginas, el informe sugiere derivarlo al Ministerio Público, que ya abrió una investigación preliminar contra Castillo, y también a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que tiene entre sus manos otra denuncia por juicio político contra la vicepresidenta, Dina Boluarte.
De sumarse el caso de Castillo, la subcomisión podría proponer su inhabilitación por infracción constitucional, así como la de Boluarte que, en el pleno, solo requerirían 66 votos, un horizonte que se percibe cada vez más factible y puede llevar al final de la actual gestión.
RÉCORD DE CENSURAS
Exactamente el mismo día, y a la misma hora en la que se debatía ese informe en la Comisión de Fiscalización, el Congreso censuró al ministro del Interior, Dimitri Senmache, poco más de un mes después de haber asumido esta cartera, que ya suma seis titulares distintos en los once meses de gestión de Castillo.
Un panorama que, para un gran sector de la población, ratifica la incapacidad del mandatario de elegir a funcionarios aptos en medio de su bamboleo de escándalo a escándalo, que lo ha llevado a nombrar cuatro gabinetes ministeriales en menos de un año.
Otros destacan el papel hostil de un Congreso, de mayoría conservadora y con intereses políticos particulares, que ya suma dos intentos fallidos para sacar a Castillo del poder, mientras trata, con discreción, de ir modificando la Constitución.
Con probabilidad, es el batiburrillo de todos estos ingredientes el que mantiene a Perú sumido en esa perenne crisis política y moral que arrastra desde el último quinquenio (2016-2021), que llevó al país a una de sus mayores crisis políticas en democracia y que se saldó con la caída de tres presidentes, la disolución del Parlamento y la quiebra entre la ciudadanía y la clase política.
La censura de Senmache se justificó, entre otros reclamos, por su presunta responsabilidad en la fuga del exministro de Transporte Juan Silva, buscado por la Justicia por su presunta participación en la supuesta red de corrupción en el actual Ejecutivo.
Con esta salida, impulsada por el partido fujimorista Fuerza Popular, el actual periodo legislativo ya suma cuatro ministros removidos en menos de un año, superando así la cifra de funcionarios censurados en las últimas dos décadas.
CASTILLO, MÁS SOLO QUE NUNCA
A favor de la censura del ministro del Interior votaron once integrantes de Perú Libre, el partido marxista que llevó a Castillo al poder en julio del año pasado y del que el mandatario salió oficialmente el mismo jueves, a solicitud de esta organización política que encabeza el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.
Los dirigentes del partido pidieron al gobernante renunciar de manera irrevocable a su militancia tras acusarlo de implantar un «programa neoliberal perdedor» y promover la fractura interna de su bancada, que en las elecciones de 2021 resultó la más votada con 37 legisladores, de los que hoy solo quedan 16.
Un jaque mate que coronó el distanciamiento que desde hacía meses se olía entre Castillo y Perú Libre, y que dejó al jefe de Estado sin bancada oficialista formal y más capado de puentes para dialogar con un Parlamento altamente desaprobado por la ciudadanía (85 %), que también rechaza, en un 71 %, la gestión del mandatario.
Hoy, el oficialismo leal al presidente quedó achicado a cuatro grupos que se escindieron de Perú Libre: la Bancada Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, que en total suman 27 escaños de los 130 que tiene el hemiciclo peruano.
Unos números que no solo hacen tambalear el blindaje de Castillo en el Congreso, sino también postergan el anhelo de Perú de cimentar una gobernabilidad que lo encauce en la senda democrática y del equilibrio de poderes, debilitada por la impericia política y las agendas particulares ajenas al interés público. EFE
