El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió, por unanimidad, fallar a favor del doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la máxima instancia de administración de justicia.
Tras denuncia interpuesta por un profesional del derecho, quien tan pronto como lo hizo no volvió a asomar, con tres votos –dirimente, el uno- el Consejo de la Judicatura suspendió durante tres meses al titular de la CJN por “manifiesta negligencia” en el trámite de pedido de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado en última instancia dentro del caso Sobornos.
Tal resolución sentó un pésimo precedente, no solo por la premura, cuanto porque al acusado no se le permitió la defensa.
A todas luces constituyó un hecho insólito y reprochable a la vez, tanto por ser el presidente de la CNJ cuanto, por la evidente maniobra, el anhelo de una camuflada revancha. También por otros intereses, entre ellos, el político, y el de tomarse la administración de justicia, denunciado mucho antes por el doctor Saquicela.
Tras la resolución del Pleno de la CNJ, la Judicatura ha debido asumir su craso error, si así se lo puede llamar, y restituir al agraviado a sus altas funciones.
Reconoce habérsele dictado una medida preventiva sin un sumario administrativo de por medio, peor una declaración jurisdiccional previa conforme a los parámetros de la sentencia 3-19-CJ/20 de la Corte Constitucional.
No solo fue un mal momento para el presidente de la CNJ, para la Función Judicial ni se diga para el país, pues, coincidencia o no, la suspensión encaja con una serie de hechos políticos como la destitución de la presidente de la Asamblea, la designación del nuevo presidente de la Judicatura, concursos para designar nuevos jueces y, hasta la protesta social, uno de cuyos objetivos fue sacar del poder a Guillermo Lasso.
La administración de justicia siempre estará al acecho, ahora más por el narcotráfico, el crimen organizado y el interés de un grupo político, obsesionado por lograr la impunidad.
