Nuevos vientos de amenaza a la libertad de expresión de ciernen sobre el país.
La nueva mayoría de la Asamblea Nacional, con 70 votos positivos, 21 negativos y 30 abstenciones, aprobó las reformas a la Ley de Comunicación, creada a imagen y semejanza del autoritarismo del Régimen donde fue incubada.
A la par, se negaron las reformas remitidas a la Asamblea hace casi un año por el actual Gobierno. Más bien se sometió a votación las elaboradas por los mismos grupos políticos partidarios de poner trabas al ejercicio periodístico bajo el paraguas subjetivo y ambivalente del honor y la buena reputación.
El Gobierno se anticipó en calificar de “mordaza” al proyecto reformista aprobado por la Asamblea, dando por su descontado su veto total. Se trató de un informe de minoría.
Una vez más confluyen fuerzas políticas como el correísmo y una parte de Pachakutik, partidarios del control del Estado al ejercicio de la libertad de expresión, en algunos casos de tipo punitivo.
Semejante despropósito no contó con los votos del oficialismo, del PSC, de Izquierda Democrática y la otra “ala” de Pachakutik. Sus legisladores también lo tildaron de “mordaza”.
Se intenta nuevamente “restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”, ha dicho el Gobierno.
Para los propulsores de la “mordaza”, las reformas permiten a los ciudadanos “afectados por los medios de comunicación social” contar con “mecanismos de defensa expeditos”, garantizando “los derechos al honor y buen nombre…”.
Como ya sucedió en el pasado, de triste recordación por supuesto, bajo esa “angelical” garantía se cobija el interés para someter a la prensa, metiéndola miedos, cortapisas y trabas, para, entre otras cosas, unificar el pensamiento en aras de su “proyecto político”, impedir la investigación periodística, única manera de combatir la corrupción, a los enemigos de la democracia, y a aquellos partidarios de perpetuarse en el poder.
En la defensa de las libertades nadie puede desentenderse.
