¿Es en Ecuador imposible que las poblaciones afectadas por cambios en su entorno natural y, en general, la sociedad ecuatoriana en su conjunto, hacer prevalecer sus intereses sobre los del Estado y las compañías dedicadas a la extracción de recursos naturales? Las profundas y evidentes incoherencias e irregularidades en el ejercicio del poder –pese a los mandatos constitucionales en materia ambiental–, más el claro discurso pro minero del actual Gobierno y las pueriles preguntas planteadas por el señor Lasso para la Consulta Popular parecería que no es posible defender el patrimonio natural de los ecuatorianos; sin embargo, los preocupantes casos de sobreexplotación, degradación ecológica y crecientes conflictos socio-ambientales llama a la urgente acción de todos los sectores sociales; de allí, la importancia de reflexionar sobre la Gobernanza Ambiental, pues la sostenibilidad y conservación del medio ambiente y la naturaleza a largo plazo exige la interacción de los diferentes actores sociales para determinar cómo ejercer el poder y las responsabilidades, cómo tomar las decisiones y cómo intervienen los ciudadanos, pues la forma en que las sociedades eligen gobernar sus recursos naturales tiene consecuencias profundas en la calidad de vida de la población y la sostenibilidad de sus economías. (O)
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