Nicosia (EFE).- Los ministros del Interior de países del Mediterráneo que componen el llamado grupo Med5 – España, Italia, Grecia, Chipre y Malta- se pronunciaron este sábado por un reparto «obligatorio» de los migrantes a la vista de que la solución «voluntaria» no ha mejorado la situación de los países de primera línea.
En una reunión celebrada en la provincia chipriota de Pafos, los titulares de Interior reforzaron además su posición de que un instrumento clave en la gestión de la migración es la cooperación con los países de origen y de tránsito.
En este contexto, el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, recalcó que los países del sur de Europa ya están cooperando estrechamente con terceros países con el fin de ofrecer ayuda para evitar que sus nacionales tengan que abandonar sus hogares.
Hay que cooperar con África de una forma «holística, no solo en materia de seguridad, no solo luchando contra el contrabando, sino de forma mas amplia, económica y socialmente», recalcó.
Además, se pronunció a favor de una mayor cooperación con las naciones de tránsito que posibilite que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) pueda trabajar fuera de Europa y así evitar salidas irregulares.
Todo ello, añadió, debe tener como objetivo máximo «salvar vidas».
Los ministros del Interior se reunieron en este formato por cuarta vez y en esta ocasión se centraron en afianzar su postura común de cara al Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea que se celebrará la próxima semana en Luxemburgo con el objetivo de dar un impulso a las negociaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
En su declaración conjunta, los cinco países recalcaron que son necesarias medidas adicionales para compartir la carga de la migración, en un momento en el que los flujos vuelven a aumentar por los distintos conflictos y crisis.
Ante el escaso éxito que ha tenido hasta ahora el compromiso voluntario de reubicación al que se han adherido algunos países, los países del sur del Mediterráneo reclamaron un reglamento «obligatorio».
«La opción voluntaria desgraciadamente no ha traído resultados favorables para los países de primera línea», lamentó el ministro chipriota, Nikos Nuris, y su colega maltés, Byron Camilleri, añadió que por el momento ese régimen voluntario de reubicación «ni de lejos» ha compensado el número de nuevas llegadas.
Según el informe presentado esta semana por la comisaria de Interior, Ylva Johansson, las llegadas irregulares a lo largo de la ruta del Mediterráneo oriental se han duplicado este año en comparación con 2021, debido principalmente al aumento de la presión migratoria en Chipre, que actualmente recibe aproximadamente el 60 % de las llegadas por esa ruta.
Nuris hizo en este contexto especial hincapié en que la Línea Verde que separa la parte grecochipriota de la ocupada por Turquía, aunque formalmente no sea una frontera exterior, deba tratarse como tal, pues es por allí por donde entran actualmente el mayor número de refugiados.
Por su parte, el ministro de Migración griego, Notis Mitarakis, denunció el intento de Turquía de «instrumentalizar» el problema de la migración para sus intereses políticos.
Por ello, dijo, «ha llegado el momento» de que la UE exija a Turquía que controle sus fronteras y tome medidas para evitar la labor de los contrabandistas.
Mitarakis se refirió a los dos grandes naufragios ocurridos esta semana en aguas del mar Egeo, que han dejado al menos 22 muertos, y afirmó que «no es posible» que Turquía no sepa que los contrabandistas están cargando pequeñas embarcaciones con mas de un centenar de migrantes.
Los cinco países convinieron en que Europa debe seguir siendo un puerto seguro para las personas que huyen de conflictos, pero recalcaron que la meta debe ser ofrecer vías legales para lo que tienen derecho a pedir asilo y por ello, subrayaron, son necesarios acuerdos con los países de origen y tránsito. EFE
