El pleno de la Asamblea Nacional decidirá el viernes sobre la suerte de cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a quienes este martes, 15 de noviembre de 2022, decidió llamarlos a juicio político.
Los procesados son: Hernán Ulloa, presidente del organismo, María Fernanda Rivadeneira (vicepresidenta), Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, a quienes los acusan de incumplimiento de funciones.
Las causales que les imputan son dos: la reforma del Reglamento para la Designación de Contralor, cuando el concurso ya estaba en marcha; y la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, en la que circularon audios en los que se escuchaba a la consejera Estupiñán supuestamente incidiendo en la elección.
Los consejeros que serán fiscalizados son parte del grupo que extraoficial se lo conocía como aliado del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, mientras que el ala que sería apoyada por el correísmo y el socialcristianismo logró salvarse del juicio político.
Es así como Sofía Almeida, expresidenta del CPCCS y sobrina del asambleísta socialcristiano Luis Almeida, no será sometida al proceso de fiscalización; junto con ella se salvó a quienes son parte de la minoría del organismo: David Rosero y Javier Dávalos.
Votos
Si los 82 votos con los que ayer se aprobó la moción para llamarlos a juicio se repiten en la votación del próximo viernes, el tiempo en el cargo para Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo está prácticamente contado, pues solo se requieren 70 votos para destituirlos y censurarlos.
Según el artículo 85 de la Ley de la Función Legislativa, solo para destituir a ministros e integrantes del Consejo de la Judicatura o del Consejo Nacional Electoral (CNE) se requieren 92 votos, es decir, una mayoría calificada; mientras que, para censurar a cualquier funcionario público, incluidos los consejeros del CPCCS, solo se necesitan 70 votos, una mayoría simple, los cuales estarían garantizados.
Ayer los votos en contra de los consejeros que serán procesados provinieron de las bancadas del correísmo, del Partido Social Cristiano (PSC), del ala rebelde de Pachakutik, de algunos legisladores de la Izquierda Democrática y un grupo de independientes.
Bloqueo
Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los consejeros que serán fiscalizados se pronunciaron sobre lo decidido en el pleno de la Asamblea.
Sin embargo, previamente se había planteado la posibilidad de consultar al procurador general del Estado sobre si es legal que se someta a juicio político a los consejeros que son candidatos a la reelección, pues el Código de la Democracia los blindaría de ser procesados judicialmente.
Para Mauricio Alarcón, experto en temas legislativos, lo más preocupante en este caso es que, si los consejeros destituidos son reelectos, no podrán asumir el cargo, pues el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que, tras la censura, no se puede ocupar un cargo público por al menos dos años. Quito.- (ASM)-(I)
