El Lawfare es el justificativo de la “jorga” de pelafustanes que esquilman los recursos públicos en los países de América Latina en los cuales gobiernan. Este concepto manipulador sostiene la existencia de “ataques contra oponentes políticos utilizando indebidamente procedimientos legales para darles la apariencia de legalidad”. Así los incalificables Maduro, Lula, Rousef, Correa y su grupo, se victimizan acusando a la oposición política de perseguirlos. Esta semana se destapó el caso de Cristina Fernández sentenciada a 6 años de prisión.
Ella acumula una gran cantidad de acusaciones y juicios; el domingo 18 de enero de 2015 un día antes de que acusara a Fernández, el fiscal Nissman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, luego de haber trabajado arduamente en el famoso caso de la AMIA ( Asociación Mutual Israelita Argentina) edificio que fue destruido por una bomba en 1994 siendo acusado el gobierno de Irán de aquel entonces, de planificar el atentado y el partido Hezbolá del Líbano de ejecutarlo, proceso en el cual, después de años Nissman culpó a Fernández de haber encubierto a grupos iraníes.
A Fernández le condenaron por esa trama de robos sistemáticos generados en la contratación de obras públicas a través del ex secretario de esa cartera José López, quien fue detenido guardando billetes en las bóvedas del monasterio Nuestra Señora de Fátima. Este delito, más otros perfectamente establecidos configuran un cuerpo de mañoserías de una colosal administración fraudulenta durante los mandatos presidenciales de ella y su esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015). A Fernández también le inhabilitaron “para ocupar cargos públicos de forma perpetua por defraudación al Estado”.
La larga lista de atrocidades cometidas revela, que la Fernández, así como otros pillos políticos de nuestra América actúan al margen de la ley, son investigados, encontrados culpables, condenados, pero muy pocos van tras las rejas por la ejecución de gran cantidad de piruetas jurídicas, a través de los seguidores, militantes, asociados políticos, bufetes de abogados, y la red transnacional de apoyo al delito que opera desde los países en donde se encuentran los de su misma calaña, activándose de inmediato a través del reclamo internacional, ahora con una variante de escándalo, al argumentar la persecución política de género por la condición de ser mujer.
La sociedad está curtida de la impunidad; los políticos, con muy pocas excepciones, dejaron desde hace rato de ser los servidores públicos comprometidos con el futuro de sus pueblos. Al populismo hay que desterrarlo para siempre, o moriremos saqueados. (O)
