La propuesta del Frente Parlamentario Anticorrupción para eliminar la tabla de consumo de drogas está en manos del Ejecutivo.
Aún no hay respuesta, si bien debe reconocerse la complejidad del tema, pues se trata de un problema de salud pública.
Desde 2013 están vigentes las “Tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala”.
Según la legislación de esa época, las tablas servirían para diferenciar a consumidores, microtraficantes y narcotraficantes.
Según asambleístas parte del Frente, aquella norma contribuye al incremento de la inseguridad ciudadana.
Niños y jóvenes –dicen- se exponen a ser víctimas de bandas criminales. Estas no solo expenden droga. Además, los reclutan para utilizarlos en la cadena de comercialización.
Es el mismo argumento de muchos ecuatorianos. El microtráfico, incluso hasta en las inmediaciones de los planteles educativos, en espacios de recreación; en fin, en todas las ciudades, es evidente.
Las bandas narcodelictivas, por disputarse territorios para la comercialización libran una lucha a muerte. Las cárceles están llenas de microtraficantes. El consumo entre niños y adolescentes es una alarma encendida hacía muchos años.
El porte mínimo establecido en la tabla para diferenciar consumidores de narcotraficantes ha sido superado. Peor si nunca la actualizaron. Tampoco contempla todas las drogas consumidas actualmente.
Se propendía, además, a no encarcelar a los consumidores.
Esto argumentan quienes se oponen. Además –insisten- las adicciones son un problema de salud pública, y eliminar la tabla implicaría encarcelar a los consumidores.
¿Los microtraficantes no se harán pasar por consumidores?
Los legisladores piden al Gobierno diseñar una política pública de salud para prevenir, controlar y erradicar el consumo de drogas.
Asunto tan polémico requiere de un amplio debate. El Gobierno lo debe impulsar para tomar la mejor decisión.
