La ola de inseguridad que vive el país y que se ha crecentado en las últimas semanas, especialmente en la mayoría de las provincias de la costa, daría cuenta del fracaso que hasta ahora ha tenido la gestión de la seguridad por parte del Gobierno nacional, el mismo que constitucionalmente es el principal encargado (a través de la Fuerza Pública del Estado) de proteger la vida y la integridad de las personas.
En efecto, la cantidad de asesinatos (que incluye varías masacres) ha crecido como nunca, pues las propias cifras oficiales dan cuenta que desde enero hasta abril fueron asesinadas alrededor de 3.000 personas, incluidas dentro de éstas 260 niños; los secuestros y extorsiones se han multiplicado inusitadamente; y, han reaparecido los atentados terroristas del crimen organizado, el último de los cuales provocó la destrucción de varios locales comerciales en la denominada Bahía de Guayaquil. En este escenario, y según datos de una organización internacional de Noruega, Ecuador se ubica como el tercer país con mayor número de desplazados por la violencia interna, con una cifra de 100.000 personas.
Todo esto ocurre a pesar de que el Gobierno, a través de una profusa y constante campaña publicitaria, ha buscado vender la imagen de que la seguridad mejora en el país. Aún más, el incremento drástico de la inseguridad se ha dado a pesar de que el Gobierno hablo, desde el inicio de su periodo anterior de gestión, de un famoso “Plan Fenix” y de una serie de medidas con las cuales ha ofrecido, cada vez, que la inseguridad disminuiría, a saber: el alza del IVA al 15% la declaratoria de guerra interna, la victoria en la consulta popular de abril de 2024, el incremento de las penas para los delitos, los continuos “estados de excepción”, la venida del mercenario Erick Prince, la autorización para la presencia de tropas extranjeras en el país, etc.
Ahora, nuevamente con la promesa de mejorar la seguridad, el Gobierno espera la aprobación de su proyecto denominado “Ley para desarticular la economía criminal”, que empero no conlleva un combate a componentes claves de esa economía, como el lavado de activos.
Finalmente, la política de seguridad del régimen no toma en cuenta las causas sociales estructurales de la violencia delincuencial. (O)