El Gobierno ecuatoriano pidió disculpas públicas, el 31 de mayo de 2025, a extrabajadores de la hacienda Furukawa, víctimas de esclavitud moderna durante décadas bajo la administración de la empresa japonesa productora de abacá.
El evento se realizó en cumplimiento de la sentencia emitida el 7 de diciembre de 2024 por la Corte Constitucional, que declaró que en las plantaciones de Furukawa existió una “práctica análoga a la esclavitud”.
En el acto estuvieron presentes los ministros José de la Gasca (Gobierno), Ivonne Núñez (Trabajo), Alegría Crespo (Educación), Juan Bernardo Sánchez (Salud), Harold Burbano (Inclusión Económica y Social) y el defensor del Pueblo, César Córdova.
Ellos entregaron un reconocimiento simbólico a las víctimas como parte del proceso de reparación integral.
El Mercurio estuvo presente en el acto realizado en Quito:
Víctimas relatan condiciones de esclavitud moderna
La sentencia de la Corte Constitucional ordenó a la empresa japonesa pagar USD 120.000 a cada víctima como compensación.
Muchas familias vivieron hacinadas en campamentos sin agua potable ni luz, y algunos trabajadores sufrieron amputaciones por accidentes laborales.
Nueve murieron esperando justicia.
María Preciado, una de las afectadas, conversó con EL MERCURIO en donde comenta que nació y tuvo a sus hijos en la hacienda Furukawa.
A sus 39 años, es analfabeta y nunca tuvo acceso a educación ni salud.
Estado busca reparar la deuda histórica
Durante años, Furukawa evitó responsabilidades legales mediante contratos de arrendamiento de tierras que ocultaban relaciones laborales.
En 2005, la empresa recibió un reconocimiento del Ministerio de Trabajo por “buenas prácticas laborales”, galardón que fue retirado tras descubrirse las condiciones de esclavitud moderna.
Desde 2019, algunos extrabajadores permanecieron en los campamentos para proteger la evidencia de las violaciones cometidas.
La empresa ha insistido en que estos extrabajadores mantienen una “posesión ilegal” de 300 hectáreas de terreno.
Con el acto de disculpas públicas, el Estado ecuatoriano intenta cumplir con las medidas de reparación dictadas por la Corte Constitucional y reconocer la dignidad de las víctimas de un episodio que marcó la historia de los derechos laborales en el país.
