El Colegio de Arquitectos del Azuay se pronunció sobre el proyecto minero Loma Larga, de la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.
Lo hizo el 15 de agosto de 2025, mediante un comunicado posteado en redes sociales.
En este, el directorio mostró su apoyo “en defensa del agua, los ecosistemas y los derechos colectivos”.
La entidad calificó de “amenaza” al proyecto de minería metálica Loma Larga, ubicado en los páramos de la provincia del Azuay.
Es así que, manifestó su rechazo “de manera firme y categórica la ejecución del proyecto minero”.
De acuerdo con el Colegio, el proyecto representa un alto riesgo para la integridad de los ecosistemas de alta montaña, particularmente, en los páramos de Quimsacocha.
Además, en el manifiesto, advirtieron impactos severos en la cantidad y calidad del recurso hídrico.
Esto, por las alteraciones en el ciclo hidrológico provocadas por la intervención minera en zonas de nacientes y cuerpos de agua.
También, alertaron sobre la degradación de ecosistemas frágiles y la pérdida de servicios ecosistémicos fundamentales como:
- La regulación hídrica
- El control de erosión
- Captura de carbono
Aprovecharon el comunicado para denunciar las consecuencias sociales y económicas negativas derivadas de la afectación a diversas actividades productivas locales como:
- El turismo sostenible
- La agricultura familiar
- La ganadería
- La construcción
- La artesanía
- El comercio
El Colegio apoya informe de ETAPA
Por otra parte, el Colegio respaldó los informes técnicos y científicos de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA).
Según el Colegio, este informe evidencia la inviabilidad ambiental del proyecto minero.
Desde la entidad profesional rechazaron los procedimientos administrativos y políticos del gobierno actual y los anteriores, que han favorecido a la minería en zonas ambientalmente sensibles.
Para el Colegio de Arquitectos, «contravinieron principios constitucionales y la voluntad popular expresada a través de mecanismos de consultas populares».
Finalmente, conminaron a Carlos Cárdenas Rivera, juez constitucional, para que actúe en derecho y responsabilidad, dejando de lado cualquier tipo de presión gubernamental, política y económica. (I)
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