Desde las 10:00 de hoy, de manera telemática, se desarrollará la tercera y última audiencia pública relacionada con las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Inteligencia, una de las tres normas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa.
La sesión será virtual, a través de la plataforma Zoom, y fue convocada por la jueza constitucional Alejandra Cárdenas. A esta diligencia han sido citadas tanto las organizaciones demandantes como los representantes del Ejecutivo y Legislativo.
Las demandas fueron presentadas por ciudadanos y colectivos como la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la PUCE, y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
En este proceso, la Corte ha unificado tres causas admitidas a trámite, que cuestionan la constitucionalidad de 31 artículos de la ley, además del reglamento ejecutivo que busca viabilizar su aplicación.
Accionantes
Al igual que en las audiencias anteriores, intervendrán representantes de la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado.
En los dos procesos anteriores por las leyes de solidaridad Nacional e Integridad Pública intervinieron la abogada Mercedes Mediavilla, en representación del Legislativo, y Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, por el Ejecutivo.
Actualmente, la Corte Constitucional ya otorgó medidas cautelares sobre la Ley de Inteligencia y suspendió temporalmente 12 artículos: 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55.
¿Cuándo se conocerán los fallos?
No hay una fecha definida para la resolución de las demandas. Desde sectores sociales se espera que la Corte actúe con celeridad frente a lo que consideran retrocesos en derechos laborales y sociales.
Edwin Bedoya (FUT) y Nelson Erazo (Frente Popular), quienes participaron en las audiencias, recordaron que el Gobierno ha despedido a 5 000 servidores públicos, incluso con evaluaciones sobresalientes, y proyecta llegar a 70 000 desvinculaciones.
Según dijeron, esto vulnera el principio de estabilidad laboral y representa una medida regresiva de derechos. En ese marco, impugnaron las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), específicamente la eliminación del artículo 81, que garantizaba la estabilidad laboral en el sector público.
También fue cuestionada la transitoria undécima, que ordena la transformación de las cooperativas de ahorro y crédito en sociedades anónimas del sistema financiero privado, bajo control de la Superintendencia de Bancos.
Cooperativas
André Benavides, abogado de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), criticó que en la ley se hayan incluido artícu los que, según dijo, “nada tienen que ver con la integridad pública”, y exhortó a la Corte a declarar su inconstitucionalidad.
Otro punto de preocupación es la reforma que endurece penas para menores de edad, aspecto que sigue en análisis. Por el momento, no se ha establecido un plazo para que la Corte emita su pronunciamiento definitivo.
