El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, aguarda la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras ser denunciado por una presunta infracción electoral grave.
La denuncia fue presentada por Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien señala que Lloret habría apoyado a la excandidata presidencial Luisa González, “aprovechando su posición de autoridad provincial para influir en el voto de los ciudadanos”.
Proceso
Procesado bajo el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia, que sanciona infracciones electorales graves. Una infracción electoral grave se sanciona con multas desde 11 hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
Lloret aseguró que se han descartado las pruebas que en su momento se presentaron por parte del abogado. Pidió que la resolución se dicte sin presiones, políticas, o de cualquier otro tipo.
«Yo solo espero que (el TCE) actúe libre de presiones. Que la marcha (por el agua) no sea un motivo para perseguir o proscribir a las autoridades que ganamos legítimamente en las urnas, porque sería otro grave atropello al Azuay y a Cuenca».
Lloret recordó que el Tribunal Contencioso Electoral dispone de un plazo de 10 días, tras la audiencia para emitir su pronunciamiento.
La audiencia contra el prefecto finalizó el miércoles 10 de septiembre de 2025. Ese día el juez Ángel Torres del TCE dio por concluida la Audiencia Oral Única de Prueba y Alegatos.
“Confío en aquellas autoridades que tienen que administrar justicia en función de los hechos y de las pruebas presentadas en la audiencia”, concluyó el prefecto del Azuay.
Este proceso se suma a otras denuncias presentadas por Guarderas ante el TCE contra autoridades. Entre ellos, los alcaldes Cristian Zamora de Cuenca y Aquiles Álvarez de Guayaquil, en casos similares por presunto proselitismo. (PNH)-(I)
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