Dos días después de ampliar el feriado nacional de octubre, el Gobierno de Daniel Noboa declaró un estado de excepción en diez provincias del país, alegando una “grave conmoción interna”.
La medida se adoptó en respuesta a las movilizaciones indígenas y sociales que surgieron tras la eliminación del subsidio al diésel, una decisión que ha generado bloqueos, enfrentamientos y un creciente clima de tensión en varias regiones del Ecuador.
La medida, firmada la noche del sábado 4 de octubre de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo 174, impone restricciones a los derechos de reunión y movilización en amplias zonas del territorio nacional.
Provincias bajo estado de excepción
El decreto rige en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
Durante 60 días, queda restringido el derecho a reunión durante las 24 horas del día, excepto en manifestaciones pacíficas que no vulneren derechos de terceros.
Además, se dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con el objetivo de “prevenir actos de violencia y proteger la integridad ciudadana”.
Diversos colectivos sociales y defensores de derechos humanos han advertido que esta decisión amplía el control militar sobre el espacio público y agrava el conflicto social.
Protestas y denuncias de represión
Las manifestaciones, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), continúan en distintas provincias andinas y amazónicas.
El movimiento rechaza la eliminación del subsidio al diésel, medida que, según los sectores rurales, encarece el transporte y la producción agrícola.
Durante los primeros días del paro se reportaron bloqueos viales, enfrentamientos, detenciones y heridos.
Organizaciones sociales denuncian uso excesivo de la fuerza y alertan sobre la posibilidad de nuevas detenciones en el marco del estado de excepción.
Feriado ampliado en plena crisis social
El decreto de excepción se emitió apenas dos días después de que el presidente Daniel Noboa ampliara el feriado nacional por la Independencia de Guayaquil.
Mediante el Decreto Ejecutivo 172, el Ejecutivo dispuso que el feriado se extienda del jueves 9 al domingo 12 de octubre, con el argumento de “fomentar el turismo interno y dinamizar la economía local”.
La ampliación del feriado coincidió con el paro nacional y fue cuestionada por sectores sociales, que señalaron que el país enfrentaba una crisis interna en un escenario propicio para promover el descanso prolongado.
Mientras se anunciaba el descanso de cuatro días, en varias carreteras del país persistían los bloqueos y la tensión social se profundizaba.
Corte Constitucional y cuestionamientos legales
Esta nueva declaratoria ocurre luego de que la Corte Constitucional anulara el estado de excepción anterior, aplicado en siete provincias, por considerar que no cumplía los criterios de proporcionalidad ni justificación legal.
El máximo tribunal solo mantuvo la medida en Carchi e Imbabura, donde comenzaron las primeras protestas.
La repetición del decreto, ahora con un alcance mayor, generó críticas de juristas y organizaciones sociales, que advierten sobre un uso reiterado de mecanismos de excepción para controlar la protesta social.
Saldo del paro nacional
Hasta la fecha, las protestas dejan una persona fallecida, más de 80 heridos y cerca de 100 detenidos, según reportes oficiales y de organismos de derechos humanos.
Las pérdidas económicas se concentran en las provincias de Azuay, Cotopaxi y Chimborazo, donde se mantienen cortes de vías y cierre de mercados locales.
